jueves, 19 de febrero de 2015



EL SALVADOR.- El problema de la inseguridad también afecta la distribución de los paquetes escolares que entrega el Gobierno a los centros educativos del sistema público, ya que algunos proveedores tienen que negociar con las pandillas o pagar la extorsión para que les permitan ingresar a las comunidades donde tienen que entregar los productos.

Gremiales magisteriales advierten del problema de inseguridad en varias zonas del país, que se refleja en amenazas a docentes, deserción escolar y ahora la entrega del paquete de útiles, uniformes y calzado.

“No solo se trata de pedir permiso para ingresar a los centros educativos a entregar paquetes escolares, sino que también están teniendo problemas las empresas que están ingresando a los centros educativos”, comentó Francisco Zelada, secretario del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Rural Urbana y Urbano-Marginal (SIMEDUCO).

En estos casos o entregan producto o dinero a los grupos delictivos que operan en la zona, a fin de que les permitan ingresar, situación que se habría agravado en algunas comunidades del departamento de San Salvador, en municipios como Cuscatancingo, Panchimalco y Tonacatepeque, y en el interior del país en comunidades de Zacatecoluca y zonas rurales de Ahuachapán, y otros.

La modalidad es que los proveedores son interceptados en el trayecto hacia los centros escolares, donde les registran y llegan hasta pedirles el Documento Único de Identidad (DUI) para verificar de qué zona provienen y luego dejarlos pasar.

El problema afectaría no solo a la hora de la entrega de los paquetes, sino desde la contratación de estos. “Incluso, muchos proveedores no participan en ciertas zonas, no ofertan producto en cierta zona porque ellos viven en otra zona, controlada por otras pandillas. Hasta esos detalles tienen que tomar en cuenta los proveedores”, expresó Zelada.

Las extorsiones afectarían no solo a los negocios que ofrecen los servicios sino que también afectarían económicamente a las escuelas que los contratan.

“El caso de las ferreterías, en el caso de los que sirven productos de construcción, ya están considerando la ‘renta’. Es decir, en la factura del centro escolar ahí colocan el transporte, que generalmente no lo cobran, pero le ponen transporte disfrazado del pago de ‘renta’”, agregó.

Para el dirigente magisterial, el problema de la inseguridad no se ha manejado de forma adecuada entre los ministerios de Educación (MINED) y de Justicia y Seguridad, a fin de proteger a la comunidad educativa de este flagelo.

“Lastimosamente, no hemos encontrado todavía un indicio, nosotros no vemos indicios de que el MINED pueda ponerse de acuerdo con el Ministerio de Seguridad para garantizar que, al menos, cuando entren los proveedores a los centros educativos, haya seguridad en las calles por donde ellos pasan”, criticó Zelada.

La medida a la que habrían optado algunos educadores sería esperar a los proveedores del paquete escolar en un punto determinado y acompañarles en el trayecto hacia la escuela, confiando que son conocidos de la zona y que eso ayude a que los pandilleros no aborden a los comerciantes.

Sin denuncia

LA PRENSA GRÁFICA consultó ayer al titular de Educación, Carlos Canjura, sobre el problema de extorsión a los proveedores del paquete escolar y dijo desconocer al respecto. “Eso no lo tengo registrado”, expresó.

Al insistir en la denuncia sobre este problema en algunas comunidades reiteró que no ha recibido información al respecto: “No. Que yo tenga noticia, no”.

No obstante, indicó que continúan trabajando con la Policía Nacional Civil (PNC) en el plan de dar seguridad y protección a las escuelas y que es a escala nacional. “Siempre estamos en coordinación con la Policía, tratando de asegurar que las escuelas estén lo más seguras posibles”, manifestó.

Sin embargo, reconoce que la inseguridad afecta a todo el país, incluyendo las comunidades educativas: “Claro, hay unas escuelas donde hay mayor atención, porque ahí tienen mayores niveles de vulnerabilidad”.

Los proveedores de útiles, uniformes y calzado entregan los paquetes en las escuelas que los contratan; pero en 1,269 centros escolares que son pequeños o tienen uno o dos docentes, lo hace de forma directa el MINED.

Pese a que el titular del ramo dice no tener registros de problemas para entregar el paquete escolar, el personal de la cartera es el que coordina con los padres de familia la seguridad a la hora de la entrega, según comentó la directora nacional de Administración, Mélida de Barrera, el sábado 14 de febrero, en el marco de la participación en el festival del Buen Vivir.

“A veces puede ser de delincuencia, problemas de delincuencia, pero siempre nos hacemos acompañar; pero son unas cuantas, porque la comunidad, los padres de familia, ayudan a que podamos entrar”, dijo.

Al preguntarle en cuántos departamentos tendrían dificultades para entregarlo, matizó la respuesta. “No tenemos, son ciertos lugares que a veces están muy retirados” y que garantizan la entrega por medio de coordinación con las comunidades.

Deserción y amenazas

La inseguridad también contribuye a la deserción estudiantil del sistema educativo. Al consultarle al ministro sobre datos de deserción escolar este año respondió: “No, no tenemos datos de esa naturaleza”.

No obstante, algunas escuelas ya reportan deserción de las aulas debido al fenómeno de la violencia. “Esta última semana se han retirado tres, siempre por amenazas de la violencia. No es porque ellos no tengan el deseo de seguir estudiando”, expresó un director de un centro escolar de la zona sur de San Salvador.

La matrícula del centro educativo ronda los 320 alumnos y algunos de ellos provienen de la zona de mercados o el barrio Modelo. La matrícula de este año con respecto al anterior disminuyó como en 19 alumnos, en diferentes grados.

Gremios magisteriales también denuncian que algunos docentes enfrentan amenazas por parte de los grupos delictivos o tienen que aceptar pagar extorsiones para hacer su labor.

“Ese es un problema eterno. Usted tiene que estar en buena lid, poniéndose de acuerdo con esta gente para poder trabajar, para que la escuela funcione”, manifestó Paz Zetino Gutiérrez, de Bases Magisteriales.

Añadió que es un problema del conocimiento de las autoridades de Educación. “Por eso a nosotros nos molesta muchísimo cuando el MINED pone en tela de duda la denuncia de un profesor. Lo que está en juego es la vida, no es otra cosa”, expresó. Lo que piden es un traslado. (La prensa gráfica)


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