martes, 26 de mayo de 2015


La jueza nacional Sylvia Sánchez dictó la prisión preventiva contra la asambleísta María Esperanza Galván y los otros dos procesados a los que ayer se les inició la instrucción fiscal por el supuesto delito de cohecho, al haber, aparentemente, exigido una dádiva de 800.000 dólares a una empresa española para adjudicarle un contrato por 23 millones.

No obstante, la Jueza no aceptó el pedido del fiscal general, Galo Chiriboga, para formular cargos en contra de la persona jurídica de la empresa, que iba a ser la primera en su género. Según se dijo no ha sido notificada legalmente para que pueda ejercer el derecho a la defensa, pero se dejó abierta la posibilidad de que, a futuro, se la vincule a este proceso.

Según la denuncia, la asambleísta habría pedido el dinero, a través de su asesor, a la empresa española, para adjudicarle el contrato con la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de San Mateo, en Esmeraldas.

Los abogados de la defensa alegaron, entre otras cosas, que el delito que se investiga se habría cometido entre abril y mayo de 2014 y que, por tanto, debe tramitarse la causa con el Código Penal anterior y no con el actual.

REACCIONES EN LA ASAMBLEA

La detención de la legisladora generó reacciones en el Parlamento. Para el oficialismo, es una muestra clara de que se lucha contra la corrupción. “Hay que depurar si es que existe mérito. Habrá que ver qué dicen las investigaciones, la Fiscalía.

Obviamente que es lamentable, pero a ese monstruo llamado corrupción hay que combatirlo”, manifestó el asambleísta Mauro Andino (PAIS).

Sin embargo, la legisladora de oposición Magali Orellana (Pachakutik) se pregunta si todo este proceso es una “cortina de humo” del Gobierno para levantar su imagen y credibilidad que, asegura, está en picada. “A mí me parece extraño que, después de todas estas acciones que el Presidente de la República ha realizado en contra de la ciudadanía, lo cual le ha mermado el capital político (…), anuncie en su informe que se va a detener a personas dentro de las filas de Alianza PAIS, pida disculpas al país, que diga que se llena de vergüenza. Todo eso es sumamente extraño”, dijo Orellana.

Lo que se buscó el Mandatario, dijo Orellana, es querer aparecer como un hombre implacable que no perdona la corrupción.

INMUNIDAD

Los legisladores oficialistas aseguran que cuando se trata de un delito común no les protege la inmunidad parlamentaria, ya que esta se aplica solo en cuestiones inherentes a su gestión. Sin embargo, Diego Salgado (CREO), tiene algunas observaciones al procedimiento aplicado, porque no se siguió, dice, el debido proceso.

“La Fiscalía no podía estar esperando a la asambleísta para aprehenderle porque hay una sospecha. Y puede ser culpable, pero a mí me preocupa que desde una sabatina, llamada ahora Informe a la Nación, el poder diga: ‘apresar a tal o cual persona’ y los agentes simplemente cumplan la orden”, aseguró Salgado, en el día posterior a la detención. (HCR/LC)

TODO FUE POR UN VIDEO

Según el vicepresidente, Jorge Glas, la asambleísta habría tomado su nombre para solicitar el dinero. “De hecho, así lo reconocen en videos, en confesiones que hemos entregado a la Fiscalía General”, detalló.

El delito de concusión es la “acción de exigir impuestos, multas o prestaciones arbitrarias que lleva a cabo un funcionario público en provecho propio”, y está tipificado en el artículo 281 del Código Penal, que implicaría prisión de hasta 5 años.

Al cierre de esta edición, el Comité de Ética del movimiento oficialista anunció la decisión de desafiliar a la legisladora de sus filas.
(SC)-La hora-


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