miércoles, 24 de junio de 2015


La pregunta a raíz de la delimitación unilateral que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro de las aguas colombianas en el Golfo de Coquivacoa (o Venezuela) es solo una: ¿se equivocó el país al salirse del Pacto de Bogotá?. En efecto, si hoy Colombia quisiera demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya no podría hacerlo porque al salirse, hace un par de años, cuando el pleito con Nicaragua, de las cláusulas de esa Convención se anuló, al mismo tiempo la posibilidad de acudir a las Cortes internacionales para resolver el tema. De modo que la misma Colombia, por razón de su voluntad y de las salidas del gobierno Santos, al tratar de cerrarle el paso a Nicaragua con las demandas adicionales que ha presentado sobre el Caribe occidental, terminó autolimitándose frente a Venezuela.
Sin esa posibilidad de demanda la Nación colombiana pues, sólo puede recurrir a un acuerdo bilateral con Venezuela, sin intermediarios judiciales en la materia, reduciendo ostensiblemente su marco de acción.
Colombia, en efecto, luego de reuniones con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, hace unos meses, decidió salirse del Pacto de Bogotá, que le permitía el acceso para dirimir los diferendos en materia limítrofe, de suerte tal que entonces por tratar de aminorar el impacto del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con respecto a los 80 mil kilómetros cuadrados que perdimos en los alrededores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se puso la soga en el cuello ante las pretensiones venezolanas en la otra esquina del Caribe.
La zona en pleito con Venezuela, precisamente, es un lugar reconocido por su gran riqueza en hidrocarburos, las posibilidades pesqueras y la riqueza de la biodiversidad. De hecho, el mismo Alonso de Ojeda bautizó el sitio como Golfo de Coquivacoa a comienzos del siglo XVI, en las épocas del rey español Carlos V. No obstante, posteriormente la ensenada marítima se bautizó como Golfo de Venezuela (la pequeña Venecia) de donde ese país ha derivado buena parte de su gran riqueza petrolera.
Desde 1830, cuando Colombia (Nueva Granada) y Venezuela partieron cobijas, hasta hoy, no se han podido delimitar debidamente las aguas territoriales. En principio, en esos casi dos siglos, se lograron los límites de la frontera terrestre, pero no se han podido convenir los de la frontera marítima.

Hacia 1952 un intercambio de notas con el canciller Juan Uribe Holguín hizo presumir, a Venezuela, que la cesión de las islas colombianas de Los Monjes, en la zona en pleito frente a la península de La Guajira le daba derecho sobe todo el mar circundante. No obstante, en realidad, el tema se refería a los islotes contiguos de Los Frailes, sin que ello ameritara derivar soberanía sobre las aguas territoriales, todavía ostensiblemente en ciernes las doctrinas del derecho al mar, sólo desarrolladas en la década de los 70.
Hace 46 años se estableció, entonces, la Comisión Binacional entre colombianos y venezolanos para el diferendo limítrofe. Más adelante, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, se había llegado aparentemente a un acuerdo entre los dos gobiernos en lo que se llamó la Hipótesis de Caraballeda, pero cuando fue anunciado con bombos y platillos por el presidente colombiano, los venezolanos lo acusaron de haber roto el secreto de las conversaciones y amenazaron con llevar el asunto a plebiscito donde, ciertamente, sería derrotada la hipótesis en toda la línea.
Hasta ahí llegó el tema, hasta que durante el gobierno de Virgilio Barco, la colombiana “ARC Caldas” ancló en las aguas sobre las que Colombia creía tener derecho. Un ultimátum de 24 horas, dado por el presidente venezolano Jaime Lusinchi, hizo por el contrario que la corbeta se devolviera y desde entonces hasta hoy, Venezuela ha patrullado militarmente la zona.
En el lapso, se prefirió privilegiar la relación comercial con Venezuela y se dejó para la Comisión Binacional reuniones secretas y esporádicas. Sólo hasta ahora, repentinamente, y luego el fallo adverso de la Corte de Justicia de La Haya sobre Nicaragua, el presidente Nicolás Maduro emite el mapa con la delimitación unilateral, totalmente adversa a las pretensiones de Colombia.
En efecto, bajo el decreto 1787 del 26 de mayo de 2015, Venezuela no solamente fija sus propósitos estratégicos sobre las fronteras con Guyana, sino que igualmente lo hace con Colombia en la zona que, como se dijo, está en pleito desde hace tiempo. El acto, por supuesto, es un reto al gobierno del presidente Santos, tanto en cuanto significa una pérdida adicional y considerable de mar en un lugar tan vital como estratégico para los intereses colombianos.
El problema, en el momento, es que Colombia no puede recurrir a ninguna instancia jurídica internacional para resolver el tema, salvo por el diálogo bilateral que a todas luces se ha mostrado infecundo. Sin posibilidad de demandar, fruto de haberse salido la nación colombiana del Pacto de Bogotá, puede decirse, de algún modo, que el país está bajo el querer de Maduro. Hasta el momento no ha habido movilización alguna de tropas a la frontera y Colombia se ha limitado a decir que debe rectificarse el mapa, sin que ello esté dentro de los propósitos del presidente venezolano, tal cual lo ha respondido al señalar que las diferencias deben ser remitidas a una Comisión Binacional prácticamente inerte.
La situación en Venezuela, próxima a unas elecciones legislativas donde el gobierno ha cedido terreno, hace parte de la coyuntura y la crisis económica y social que allí se vive. No puede, sin embargo, Colombia pensar que ello obedece simplemente a réditos electorales, porque el reto planteado va mucho más allá de una pasividad que comienza a transitar la misma ruta seguida ante Nicaragua. Parecería evidente la tenaza entre Daniel Ortega, mandatario nicaragüense y Nicolás Maduro, cada cual actuando en su tiempo, modo y lugar. De manera que, a no dudarlo, los intereses fundamentales colombianos están hoy en juego y ello debe ser el centro de la política internacional del país. (El nuevo siglo.com)

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