Archive for julio 2015



Las diferencias contenidas en la minuta para reformar la Ley Contra la Trata de Personas, enviadas por la Cámara de Diputados al Senado de la República, obstruyen el combate efectivo de este delito en el país, señalaron senadores y especialistas en el foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas”.

Actualmente existe una confusión porque los tipos penales no están definidos, se castigan los delitos en materia de trata de personas, pero no la trata en sí, estimaron representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de asociaciones civiles.

La senadora Adriana Dávila, del Partido Acción Nacional, refirió que en el Senado no están en posibilidades de aceptar el tipo penal que propone la iniciativa de la Cámara de Diputados, porque sanciona la explotación y castigar ese delito no es una facultad del Congreso de la Unión.

Señaló que se busca penalizar la tentativa de la trata de personas, es decir: el enganche, el traslado, la captación, la recepción y entrega, a través del uso del engaño, la fuerza, la seducción o abuso de vulnerabilidad, con el fin de explotar a otra persona.

La senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que no es por capricho que se pretende modificar la Ley Contra la Trata de Personas, sino para que el tipo penal quede incluido y se pueda aplicar como una legislación única en todo el país.

Puntualizó que también se debe especificar que el actor activo del delito debe responder por cada una de las víctimas, lo cual no se aplica con la ley actual. Además, falta incorporar delitos como: servicio forzado, embarazo forzado o extracción de órganos, entre otros.

En su intervención, el senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Partido Acción Nacional, señaló que México es país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, a través del continente. Y es el segundo delito en importancia económica, después del tráfico de drogas.

Apuntó que aunque los gobiernos han realizado grandes esfuerzos para combatir la trata de personas, aún existe una deuda pendiente en este tema. Dijo que la Ley Contra la Trata de Personas debe ser precisa y explícita para que el Ministerio Público obtenga elementos para acreditar este delito.

Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, cuestionó cuáles son las opciones que se le ofrecen a las víctimas de la trata de personas, una vez que fueron rescatadas; y determinó que aún falta generar más programas de atención.

Señaló que las responsabilidades de las autoridades están marcadas en la legislación, pero regularmente las necesidades de las víctimas van más allá.

Mercedes Peláez, directora general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Segob, comentó que no se trata sólo de proteger y sanar a las víctimas físicamente, sino también psicológicamente.

Dijo que el modelo de atención a víctimas no está basado en una idea asistencial, sino que se refiere a la reivindicación de sus derechos humanos.

Por su parte, Yuriria Álvarez, directora del programa Contra la Trata de Personas de la CNDH, explicó que aún hay divergencias en la definición del delito de trata de personas entre los servidores públicos.

Consideró que la única manera de combatir este delito es mediante la prevención y el autocuidado, pero no a través de campañas, sino desde el origen y las necesidades de las comunidades.

Carlos Rodríguez, director general de Atención a Víctimas de la PGJDF, dijo que actualmente no sólo se le da una asistencia jurídica la víctima, sino también se le otorga una atención individualizada y herramientas para lograr la desvictimización.

Morelia Tovar, de la Asociación Movimiento Pro-erótico, señaló que les preocupa que las se combata este delito en lugares donde no existe; y señaló que la mala redacción de la Ley Contra la Trata de Personas permite abusos de las autoridades.

Iliana Ruvalcaba, de la Asociación Pozo de Vida, comentó que la ley es perfectible y las modificaciones que se pretenden en el Congreso de la Unión se deben orientar hacia la reinserción social de las víctimas.

En su participación, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que a las víctimas no se les debe criminalizar ni maltratar, porque muchas veces sucede así en las procuradurías de justicia. Además, llamó a no perpetuar estereotipos.

Mónica Salazar, del Colectivo Contra la Trata de Personas, puntualizó que les preocupa que en la minuta se contempla al comercio sexual como trata de personas, y al comentar sobre las bailarinas eróticas, advirtió que tampoco consiente que las personas adultas muestren partes pudendas de su cuerpo; y criminaliza a la pobreza y la exclusión, por eso se equipara a la trata de personas con la explotación.

Luis Enrique Genis, vocero del Movimiento Proentretenimiento Erótico, comentó que los trabajadores de bares y centros nocturnos de la ciudad son chivos expiatorios para justificar la detección y protección de las víctimas de trata de personas, por la confusión que propicia la redacción de la ley, en la definición del delito.

Al foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas”, convocado por la Comisión contra la Trata de Personas y la Comisión de Derechos Humanos del senado, también asistieron las senadoras Margarita Flores y Sonia Rocha.

Está previsto continuar con los trabajos y las mesas de análisis sobre la trata de personas con fines de explotación, de los trabajos y servicios forzados y la diferencia con la explotación laboral; en este sentido, el próximo 5 de agosto se debatirá sobre la confusión entre explotación con fines de reproducción y la subrogación de vientres.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llevarán a cabo el Encuentro Regional Contra la Trata de Personas: Avances y Perspectivas, los días 30 y 31 de julio, con el fin de combatir ese fenómeno delictivo que agravia tanto a las víctimas como a la sociedad, por vulnerar la dignidad de las personas y un muy importante número de derechos fundamentales.

El Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio) es ocasión propicia para reflexionar que se trata de un delito creciente, tanto a nivel nacional como en su dimensión trasnacional, mediante el cual, cada año, cientos de miles de personas –especialmente mujeres, niñas y niños— son vendidas y compradas con fines de explotación.

La Trata de Personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo –sólo superado por el tráfico de drogas y de armas—, que anualmente produce ganancias estimadas entre 32 mil y 36 mil millones de dólares, de acuerdo con el Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con base en sus cifras de 2012, informó que 14.2 millones de personas son víctimas de explotación laboral y 4.5 son explotadas sexualmente, además de que 2.2 millones más están sujetas a trabajos forzados impuestos por el Estado.

En este contexto, el Encuentro Regional contará con seis paneles que tendrán como temas centrales: Experiencias internacionales en materia de prevención y combate a la trata de personas y la atención a sus víctimas; Estrategias para la atención a las víctimas de la trata de personas y el respeto a sus derechos humanos; Estrategias para la prevención de la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos; Estrategias para la persecución e investigación de la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos y Vinculación gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para la atención y reinserción de las víctimas de la trata de personas.

Dicho encuentro tendrá como sede el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, además de las instituciones mencionadas, se contará con la participación de especialistas de Estados Unidos, Argentina, Colombia, y diversas organizaciones nacionales e internacionales.(El día)

¿Qué tanto influye el control de precios de los derivados del petróleo en la fijación de los costos al consumidor final? Según un estudio del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), realizado del 12 al 18 de julio de 2015, los dos países con los combustibles más caros, Nicaragua y Costa Rica tienen sistemas diferentes.

En Nicaragua el mercado es “libre” pero en Costa Rica el estado interviene en los precios. La diferencia la hacen los impuestos arroja el estudio, basado en los precios oficiales y monitoreos que realizan las distintas direcciones generales de hidrocarburos o sus pares de cada país.

Costa Rica y Honduras mantienen los impuestos más altos cobrados por galón de combustible, pero Nicaragua es el segundo en precios al detalle.

Hasta el pasado 18 de julio, los nicaragüenses pagaban 4.49 dólares por galón (3.785 litros) de gasolina superior, 4.08 por la regular y 3.15 por el diésel, estos precios lo ubican en el segundo país con el costo más alto, después de Costa Rica.

Según el estudio, en Costa Rica se pagan los precios más altos de combustibles en Centroamérica con 4.70 dólares por superior, 4.45 por la regular y 3.49 por el diésel.

En el centro de la tabla de precio está Honduras; el consumidor final pagaba en esa semana por el galón de superior 4.30 dólares, 3.90 por el de regular y por el diésel 3.21.Mientras que en El Salvador los precios fueron de 3.79 dólares para la superior y 3.30 para la regular. Guatemala se sitúa como el precio más bajo con 3.48 dólares por la superior y 3.28 por la regular.

Es así que Honduras mantiene una diferencia con el precio más bajo de la región (en este caso el de Guatemala) de 82 centavos de dólar más por galón de gasolina superior, 62 el de regular y 65 centavos por el diésel.

En cuanto a los precios más altos (de Costa rica), los del país se mantienen abajo en 40 centavos de dólar la superior, 55 la regular y 28 el diésel.

De acuerdo al cambio de la moneda nacional en ese período de referencia (21.92 lempiras por dólar), se puede establecer que en Costa Rica se está pagando un equivalente a 103.02 lempiras por galón de gasolina superior. Mientras que por el galón de gasolina regular 97.54 lempiras y el diésel 76.50.Mientras tanto, en Nicaragua el precio del galón de gasolina superior es de alrededor de 98.42 lempiras, la regular 89.43 y el diésel 69.04.

En Honduras el galón de gasolina superior costaba en esa semana 94.25 lempiras, la regular 85.48 y el diésel 70.36.Entretanto, en El Salvador el galón de superior refleja un valor de 83.07 lempiras y el de regular 72.33.Por su parte, en Guatemala, la gasolina superior tiene un precio de 76.28 lempiras por galón y la regular 71.89.

El informe del CCHCA revela que Costa Rica y Honduras tienen los impuestos más altos aplicados a los combustibles.

En ese sentido, establece que Costa Rica mantiene un arancel de 1.72 dólares por galón de superior, 1.64 la regular y 0.97 para el diésel.

Mientras que Nicaragua, 0.85, 0.86 y 0.70 centavos de dólares, respectivamente. Honduras aplica 1.40 dólares a la superior, 1.24 a la regular y 0.86 al diésel.

Por su parte, en El Salvador se cobra 0.88, 0.82 y 0.60 centavos de dólar, en su respectivo orden. Entretanto el gobierno guatemalteco capta por concepto de impuestos 0.92 centavos de dólar por la superior, 0.88 la regular y 0.42 por el galón de diésel.

Aunque no es una regla, en algunos de los países centroamericanos que reflejan un precio más bajo en los combustibles se debe a la condición de su mercado interno, que puede ser regulado por el Estado o libre donde se rigen por reglas de las distribuidoras.

En Costa Rica, los precios son regulados y se ajustan mensualmente, además es un precio único en todo el país.

En Honduras también son regulados, el precio oficial se ajusta cada semana y se promedia en base al precio internacional de 22 días.

Mientras que en Nicaragua, los precios son libres, no regulados por el Estado y son fijados por las empresas distribuidoras que operan en el país.

Por otra parte, en El Salvador se mantiene una política de precios libres y son ajustados cada 14 días.

De igual forma sucede en Guatemala, son libres y se ajustan semanalmente.

Para la presidenta de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo (Adhdippe), Saraí Silva, la influencia en el precio no está directamente relacionada con la liberalización del mercado, sino más bien por los impuestos que aplica cada país.

“Los precios son similares en Centroamérica, la diferencia es por impuestos y no por precios, porque la compañía que le venden aquí es la misma que le vende en los otros países”, explicó.

Sobre el mismo tema, el director ejecutivo de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), Camilo Jananía, dijo que la diferencia entre los precios de los países de Centroamérica se debe a varios factores, aunque no precisó cuáles.“Hay que ver cuál es la tendencia que ellos manejan, los promedios que utilizan, pero al final los resultados son los mismos”, indicó.“Tomamos las mismas referencias internacionales y lo que cambia es la variación en la fijación del precio, pero la mayoría de los países centroamericanos seguimos un mismo esquema”, agregó.(Trinchera)


SANTO DOMINGO OESTE.- La crisis de agua que afecta al país, y que de acuerdo a los pronósticos meteorológicos se extenderá por los próximos tres meses, golpea fuertemente a los residentes de la zona de Herrera de este municipio.

Moradores en los sectores Las Palmas, Buenos Aires, El Café I y El Abanico, se sienten preocupados ante la falta de recursos económicos para comprar agua a camiones cisternas.

“No hay agua. Llega por raticos, y se va de una vez. En mi familia nos bañamos en una ponchera, para luego usar esa agua para descargar los inodoros. Hay una grave escasez”, comentó Argentina Peña, residente en Las Palmas.

Esta ama de casa indicó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) visita esa barriada para brindar agua gratuita, pero -dijo- son demasiadas las familias necesitadas.

Doña Ada Domínguez no recuerda la última vez que vio agua salir de las llaves de su casa, ubicada en el sector Buenos Aires.

“Hay una crisis bien fuerte de agua en esta comunidad... no hay agua. Tengo que comprar tanques de agua, y economizarlos, porque tampoco hay dinero para pagarlos”.

Vecinos en el barrio El Café I deploraron que en algunos sectores de Herrera la Caasd no corrija averías reportadas por los munícipes.

“No hay agua por la escasez. Aunque nunca hay mucha agua por aquí. La Caasd viene a cobrar y a cortar el agua, pero no viene a controlar el agua que se desperdicia por las averías”, expresó Josefa Ferreras, quien mostró a DL una avería en el barrio Café V, que supuestamente denunció hace tres meses.

Mientras, en el populoso barrio El Abanico, residentes esperan que los camiones de agua de la Caasd arriben allí, para paliar un poco la escasez del líquido.

“Aquí no hay agua. Yo tengo que pedirle una manguera a una vecina para llenar dos tanques y cuatro cubetas”, manifestó doña Carmen Liriano.

Refirió que, en ocasiones, debe disponer de RD$100 para llenar sus dos tanques.

Producción agua sigue igual; trabajan en averías

El subdirector de operaciones de la Caasd, Luis Salcedo, informó que la producción de agua se mantiene en 315 millones de galones diarios, para un déficit de 85 millones galones.

“Se mantiene un programa constante de corrección de averías. A raíz de la baja en la producción (de agua) tenemos las brigadas trabajando hasta las diez de la noche y horario corrido”, argumentó.(Diario libre)

Alberto Coplín Mercedes, acusado por intentar ingresar de forma ilegal a Puerto Rico a 28 quisqueyanos, se declaró culpable por estos hechos ante la magistrada federal Silvia Carreño.

El ahora convicto hizo alegación de culpabilidad luego de que su abogada Yasmín Irizarry de la Oficina del Defensor Público federal, llegara a un acuerdo con el fiscal federal Glenn H. Goetchius.

El coacusado Félix Manuel Guzmán Ramos, se declaró culpable el pasado 15 de junio. Este es representado por el abogado José Gaztambide.

La vista de sentencia fue pautada para el 24 de septiembre.

Coplín Mercedes y Guzmán Ramos fueron acusados por un Gran Jurado el pasado 14 de mayo por traer once ilegales y conspiración para traer ilegales.

El pasado 11 de mayo agentes de la Unidad Marítima de la Policía de Puerto Rico y un agente del Negociado de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), detectaron e interceptaron una yola a una milla al oeste de Rincón.

La yola de 23 pies, con un motor de 75 caballos de fuerza, tenía 13 indocumentados, todos alegando ser ciudadanos de la República Dominicana.

Los inmigrantes fueron trasladados al escampavía Drummond de la Guardia Costera de Estados Unidos para el procesamiento de datos biométricos.

El dúo se encuentra ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés).—Melissa Correa Velázquez-El vocero)

Dos personas adultas y un menor de edad fueron retenidos por las autoridades en Chitré, Herrera, por estar involucrados, presuntamente, en la venta de drogas.

Se informó que las autoridades de investigación judicial realizaron una investigación que los llevó a una barbería que era utilizada para la venta de sustancias ilícitas.

Dicha operación de seguimiento implicó la inversión de varios meses por parte de los investigadores, de acuerdo con los reportes.

Aye, jueves, se informó que uno de los adultos fue detenido preventivamente y al otro se le aplicó medida de notificación dos días en la semana mientras duren las investigaciones del suceso.

Las investigaciones arrojaron que la barbería inicialmente era una vivienda, y luego se convirtió en el local de atención con anuncio como barbería y artículos propios del servicio.

Las autoridades revelaron que la droga fue ubicada en la parte trasera de la casa. No se informó la cantidad de lo hallado ni el tipo de sustancia ilícita.

Las investigaciones en ese caso continuarán para determinar génesis del movimiento.(Crítica)

Santiago de cuba.—“Frank poseía una personalidad excepcional, su presencia y ar­gumentos ante las más difíciles misiones ins­piraban esa seguridad y confianza que solo es posible transmitir mediante el ejemplo personal, de ahí que aquel 30 de julio de 1957, lo vimos erguirse aún más en su extraordinaria estatura de hombre y revolucionario”.

Meses antes de fallecer, así inició el general de brigada (r), Demetrio Montseny Villa, ex­cep­cional testigo de las últimas decisiones to­madas en vida por Frank País García, el testimonio sobre aquellos cruciales momentos previo al vil asesinato del inolvidable joven, por esbirros batistianos al mando del teniente coronel José María Salas Cañizares, hace 58 años en las calles de Santiago de Cuba.

“Fue exactamente a las 2:30 de la tarde de ese martes —prosiguió—, cuando tiene lugar nuestro encuentro en casa del fiel compañero Raúl Pujol Arencibia, para coordinar la posibilidad de comprar, mediante los contactos que como Jefe de Acción y Sabotaje en Guan­tánamo yo mantenía en la Base Naval yanqui, alrededor de 20 000 tiros ‘3006’, que podrían destinarse a la guerrilla en la Sierra Maestra y los luchadores clandestinos.

“¡Yo sabía que ustedes no me iban a fallar!, ustedes siempre llegan en el momento oportuno y sé que ustedes tienen algunos fusiles; pero, urgente hay que conseguir más”, fue la primera exclamación de Frank, recordaba Villa, al conocer la propuesta y mostrarle in­mediatamente una carta del Comandante en Jefe Fidel Castro, sobre las necesidades del núcleo rebelde.

Después de precisar detalles financieros para la compra y tomar un café, la conversación giró en torno a la seguridad de Frank en aquella casa, sin sospechar que debido a la delación de una mujer sobre su posible presencia allí, en esos instantes Salas Cañizares iniciaba la siniestra “cacería” con fuerzas combinadas del Servicio de Inteligencia Militar, el ejército, la policía y la marina.

“El murmullo y natural revuelo causado por los allanamientos de viviendas cercanas —precisó—, nos puso en aviso, pero Frank no se inmutó, solo comentó: ‘Parece que quien está fatal soy yo y no Navarrete, pues nos separamos y ya tengo la policía por aquí’”. Recordaba así, que días antes él y su compañero Agustín Navarrete tuvieron al propio Cañizares y sus matones a escasos metros del recinto donde entonces se ocultaban.

“Como medida de precaución —expuso Villa—, la carta de Fidel fue escondida entre las tablas de una pared, y cuando le propongo irnos todos en la máquina que me había llevado al encuentro, Frank se niega argumentando que en otras ocasiones ha ocurrido lo mismo. Llama por teléfono a Vilma Espín, en ese instante llega Raúl Pujol y le insiste en nuestra propuesta, pero por el contrario recibe la orden de volver a su trabajo en la ferretería.

“‘El Movimiento me ha responsabilizado contigo aquí, y si algo ocurre muero contigo’, fueron las firmes palabras de Pujol. Frank le encomienda despedirnos en la puerta, para que nos marcháramos a cumplir la misión concretada respecto a las armas, y ante nuestra insistencia de partir todos reitera tras sentarse en un desnivel del piso: ‘Aquí me quedo yo’”.

Pasadas las cuatro de la tarde, indagaría luego Montseny Villa para la publicación de un libro al respecto,Frank y Pujol abandonan la casa por la propia calle San Germán, pero en dirección opuesta al cerco, cuando son llamados por uno de los policías. En ese instante el audaz luchador pudo haberse defendido con la pistola que portaba, pero optó por no poner en peligro la vida de los familiares de su compañero y la de los curiosos vecinos.

“Identificado por el entonces policía Luis Mariano Randich Jústiz, antiguo conocido de la Escuela Normal de Maestros, en manos de Cañizares solo transcurren escasos minutos antes de que a las 4 y 15, su cuerpo sea atravesado por una ráfaga de ametralladora, a la que siguen otros disparos a quemarropa. Según diría luego Doña Rosario: ‘Conté y taponé treinta y seis perforaciones en el cuerpo de mi hijo, y no seguí porque me parecía que le dolía’.

“El hecho tuvo lugar en Callejón del Muro y San Germán. Instantes antes habían segado la vida del valeroso Raúl Pujol, y cuando permiten el acceso de la prensa los fotógrafos encuentran el cadáver de Frank de espaldas en el suelo y el pecho hacia el cielo, los ojos abiertos y, a su lado, para simular que había intentado primero agredir a las ‘fuerzas oficiales’, le habían colocado la pistola calibre 38, que no llegó a empuñar.

“Por indicaciones de Vilma Espín un grupo de mujeres del M-26-7, junto a Doña Rosario reclaman esa noche el cadáver de Frank y es llevado a su casa, donde lo visten con el traje blanco que con tanta elegancia solía llevar. A solicitud del Movimiento dos horas después es trasladado para rendirle homenaje en el hogar de su novia América Domitro, con quien pensaba casarse en esos días en condiciones clandestinas”.

De aquellos terribles momentos relataría luego la propia Vilma en comunicación a Léster Rodríguez: “Le mandé a poner el uniforme (verde olivo) con el grado de coronel, la boina sobre el pecho y una rosa blanca sobre ella. Creo que a él le hubiera gustado que fuera así”. Además le fue colocado sobre un fondo roji-negro la inscripción “26 de Julio”.

La tarde del día 31 tiene lugar lo que en el mismo informe Vilma calificó como “la más imponente y colosal demostración de duelo que se haya visto en Cuba. Por la tarde no abrió ningún comercio para que todo el mundo pudiera ir al entierro. La ciudad entera se quedó vacía mientras se acumulaban más de 20 cuadras de gente en apretada marcha”.

De la casa de América (Heredia esquina Clarín) partió el cortejo fúnebre con los restos de Frank, y desde la antigua Colonia Española, en Trocha y prolongación de Calvario, salieron quienes acompañaban los de Pujol, para coincidir en el Parque Céspedes, desde donde tomó San Pedro en manifestación que desafió al régimen entonando las notas del Himno Nacional y gritando: ¡Abajo Batista!, ¡Ase­sinos!, ¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Viva Fi­del!,­ ¡Revolución!, ¡Revo­lución!, ¡Huelga!, ¡Huel­ga!...

Desde balcones, techos y ventanas fueron lanzados pétalos y flores al paso del cortejo fúnebre, que se detuvo en Martí y Crombet, para rendir tributo a Josué, el hermano menor de Frank caído allí exactamente un mes antes, y varias cuadras antes de llegar al cementerio Santa Ifigenia el féretro es sacado del vehículo para continuar sobre los hombros de amigos y compañeros, sobre los hombros del pueblo.

“Fue tal la conmoción y rebeldía de los cientos de personas que colmaron la necrópolis —concluyó su testimonio el desaparecido general de brigada Montseny Villa—, que en prevención de incidentes de gravedad las autoridades judiciales plantearon llevar a cabo la inhumación en una ceremonia íntima al siguiente día. Casi al final de la tarde en la sala del necrocomio por gestiones del Movimiento clandestino es tomada la impresión para la mascarilla mortuoria del héroe.

“En la mañana del primero de agosto de 1957, fecha en que Doña Rosario cumplía los 58 años de edad, recibe sepultura el cuerpo del inolvidable joven. Contrastando con la quietud del cementerio, en las calles de la ciudad se advertía un estado de tensión, la huelga avanzaba, por siempre se adueñaba Frank de su Santiago y de toda Cuba”.(Eduardo Palomares Calderón-Granma)

La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, llamó ayer a la Policía Nacional a poner orden en la máxima casa de estudios superiores para que los estudiantes huelguistas no sigan exponiendo la integridad de las demás personas y la interrupción del desarrollo académico.

Detalló que al filo de las 2:00 de la tarde, estaba en una reunión en el edificio de Química y Farmacia con un equipo de decanos, directores de centros regionales y con unas visitas extranjeras para ver el tema de acreditación de la Universidad Nacional y en una segunda reunión para ver cómo andaba cada centro.

“Estábamos en eso cuando fuimos prácticamente invadidos en ese edificio, amenazados, fuimos sitiados y por eso fue que llamamos a la Policía para resguardar la identidad de nosotros, de los dos extranjeros que estaban en el edificio, una médico de origen chileno y un colombiano”, explicó.

Respecto a si con el ingreso de fuerzas policiales se violenta la autonomía, respondió que “la Policía llegó a resguardar la vida y los estudiantes de la Universidad que estaban siendo amenazadas por personas que estaban con los rostros cubiertos, de personas que no sabíamos si andaban armas, no sabíamos si andaban objetos corto punzantes y con actitudes agresivas”.

Identificó que en la revuelta andaban alrededor de 80 personas y en la reunión había un aproximado de 35 miembros universitarios “y por lo tanto, teníamos que llamar a la autoridad para que nos resguardaran la integridad física”.

“Hay video de la UTV cuando ellos están llegando al edificio y precisamente en ese momento fue que nos comunicamos con la Policía. Hicimos lo correcto, porque esto no es un Estado dentro de otro Estado, esta es una institución que la Policía puede entrar al llamado de la autoridad cuando la autoridad… ve que hay un riesgo a los bienes y que hay un riesgo a la vida de quienes estamos en ese recinto”, justificó.

De igual manera, rechazó que la Alma Máter haya sido militarizada. “No está militarizada, porque hay que diferenciar los conceptos, fue la Policía Nacional la que llegó a resguardar la integridad física de quienes estábamos en este recinto”, enfatizó.

CAMBIO DE GOBIERNO

Castellanos señaló que “detrás de estos está el sector más radical del partido Libre, está un grupo conocido como los “trotskistas” y allí están personas que son de Derechos Humanos y tenemos bastante… de quienes son los que están detrás de estas acciones”.

Agregó que en ese instituto político hay miembros que son conscientes que la Universidad Nacional ha tenido avances significativos, “y sí sabemos que ha habido reuniones de estos dirigentes estudiantiles, tanto de Tegucigalpa como San Pedro Sula, con dirigentes del grupo “trotskistas” del partido Libre, por lo tanto sabemos que son los “trotskistas” que están detrás de esta maniobra”.

“Pero sabemos algo más que eso, que ellos están creyendo que en el país viene un cambio de gobierno, que viene un cambio en las instituciones y, en ese sentido, lo que ellos están planteando es que en la Universidad Nacional va a gobernar este grupo trotskista”, indicó.

Agregó que “ellos vieron que en esta posibilidad de crisis en el país… de que la Universidad entrara en esta etapa de crisis y si hubiese la situación de país que ellos están planteando, ellos estarían ya hablando de una distribución de instituciones”.

Así, indico que la Policía no puede estar en el campus universitario y van a cambiar la estrategia de resguardo. “Pero nosotros vamos a tener que contratar seguridad para cada edificio y que esta seguridad impida que haya estas personas que anden los rostros cubiertos obstaculizando el paso a las aulas”, anunció.

Al final, reiteró que “creo que este fin de semana nos vamos a ver en la urgencia de contratar personas de seguridad para que cada edificio esté resguardado y que les garantice a los estudiantes que puedan entrar a sus clases”.(La tribuna)

El abogado Luis Arquímides Servellón Rodríguez presentó ayer un recurso de exhibición personal (hábeas corpus) a favor de los 14 militares que se encuentran arrestados en la Brigada Especial de Seguridad Militar, por exigir un bono de 600 dólares similar al que recibieron los policías, ya que consideran que también ellos exponen sus vidas ante los altos índices de criminalidad.

El objetivo del recurso presentado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es que los militares sean puestos en libertad, por considerar que con esas detenciones se les viola el derecho a la libertad, pues según el abogado Servellón se trata de un “abuso del Derecho Penal para reprimir el ejercicio de la libertad de expresión (de los militares)”.

Agrega que “mediante esta petición de hábeas corpus se pretende que esta sala verifique las violaciones constitucionales denunciadas y que, como consecuencia de ello, ordene el cese inmediato de la privación de libertad de los catorce miembros de la Fuerza Armada”, señala el abogado Servellón Rodríguez.

Los oficiales que se encuentran detenidos y que están sometidos a un proceso de justicia militar son el capitán David Eugenio Hernández Guadrón, el teniente Diego Emmanuel Morales Pérez y el subteniente Juan Carlos López. Hernández Guadrón se encuentra destacado en el Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada y los otros dos oficiales, en la Brigada Especial de Seguridad Militar.

Hay otros once soldados que también están arrestados y son procesados en el Juzgado Militar de Instrucción Naval, Aéreo y Metropolitano.

Siete de los militares detenidos, entre ellos los tres oficiales, son acusados de haber organizado la manifestación y los otros siete, de haber intentado realizarla, la mañana del 24 de julio pasado, desde el redondel del Reloj de Flores hasta la Asamblea Legislativa, pero se la frustraron algunos oficiales de alto rango que llegaron al sitio de concentración.

A los catorce militares se les procesa por los delitos de sedición, abandono de servicio y desobediencia, tipificados en el Código de Justicia Militar.

Fuentes cercanas al caso aseguraron que a los arrestados les han prohibido que sean visitados por sus abogados y también les han coartado su derecho de comunicarse con sus familiares.

Abogado: penalizan la libertad de expresión

El abogado Servellón Rodríguez argumenta que la detención en la que se encuentran los catorce militares es inconstitucional, porque se “basa en la aplicación de un tipo penal que tipifica como delito el hacer reclamaciones o peticiones colectivas en otra forma que no se ajuste a las normas establecidas por la ley o reglamentos militares”.

Además, sostiene que el tipo penal del artículo 82 ordinario segundo del Código de Justicia Militar penaliza una simple acción externa, sin tomar en cuenta la finalidad de sublevación, agresión, o ataque al Estado constitucional que constituye la razón de ser de estas prohibiciones penales.
Servellón sostiene que “sin la condición subjetiva de que sus autores pretendan o se dirijan a dañar el bien jurídico protegido, el tipo penal viola el principio de culpabilidad”.

Argumenta que la detención de los oficiales y soldados se basa en que “tipifica como delito la sedición, sin incorporar criterios de ponderación legal entre el poder legítimo del poder penal militar y el ejercicio del derecho a la protesta por parte de miembros de la Fuerza Armada, como manifestación de su derecho a la libertad de expresión”.

Considera que los militares arrestados hicieron uso de su derecho a la libertad de expresión, mediante una manifestación pacífica y con su equipo de trabajo, que incluye las armas, pero no como un medio de intimidación o presión para reclamar el bono económico, sino que se portan precisamente para evitar o reaccionar ante ataques delincuenciales, debido a la inseguridad que se vive en el país.

Sostiene que el artículo 82 del Código de Justicia Militar incluye como delito de sedición una protesta de militares en las condiciones en las que se manifestaron los militares detenidos.

“Esa prohibición en exceso es resultado de la falta de criterios de ponderación legal que armonicen la represión de los auténticos actos sediciosos con el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de los militares”, sostuvo.(David Marroquín-El diario de hoy)

Retirarle la inmunidad a la jueza Carol Patricia Flores es la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al tiempo que determinó dar trámite a los antejuicios contra los diputados de Libertad Democrática Renovada (Líder), Mario Gerardo Yanes, Luis Chávez, Mirza Arreaga y el independiente Edwin Martínez.

Flores, quien en 2013 ordenó anular un juicio por genocidio que se celebraba contra el ex jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt, es señalada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de ser la propietaria de un lujoso inmueble que no corresponde a los ingresos obtenidos como juzgadora.

La resolución de la CSJ fue aprobada por unanimidad, dio a conocer el magistrado Rafael Rojas, y explicó que el caso será trasladado a Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) para que se designe a un juez contralor.

La solicitud de antejuicio o despojo de la inmunidad fue planteada el pasado 30 de abril por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes.

Según la Fiscalía y la Cicig, en las investigaciones se logró determinar que la jueza residía en un lujoso inmueble que a primera vista parecía desbordar su poder adquisitivo.

La residencia está ubicada en Santa Catarina Pinula, y vale unos Q2.6 millones, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

La Cicig dijo en abril pasado que la jueza había ocultado este inmueble, lo cual es “reprochable” porque “afecta la transparencia que debe acompañar el ejercicio de la función pública por ella desempeñada”.

OTRAS DENUNCIAS

Sobre las acciones a los parlamentarios Yanes, Chávez, Arreaga y Martínez, el magistrado Rafael Rojas, titular de la Cámara de Amparos y Antejuicios, informó que los dos primeros se valoran por querer utilizar sus influencias para buscar contratos en el Ministerio de Desarrollo Social, y el tercero, por ofrecimientos para otorgar contratos 029 en el Congreso.

El togado dio a conocer que también se rechazó el antejucio que presentó Líder contra la fiscal Thelma Aldana, porque fue con base en una orden judicial que se efectuó un allanamiento en el Organismo Legislativo.

Otros antejuicios rechazados fueron los que se promovieron contra el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla por las personas que realizaron una protesta encadenándose a una puerta del Palacio Nacional, y denunciaron que personas desconocidas los filmaron e intimidaron para deponer la medida.

Asimismo, se denegó otra acción presentada contra el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jorge de Léon Duque, interpuesto por los trabajadores del sindicato de la institución, por supuestas malas expresiones sobre esa agrupación.

Acciones pendientes
Caciques del Líder

Los magistrados no resolvieron en la sesión del miércoles pasado las solicitudes de retiro de inmunidad de los disputados Mario Rivera, Jaime Martínez Lohayza y los hermanos Manuel y Edgar Barquín debido a que fueron presentados hace menos de 10 días y estaban en cola los resueltos. El pleno de la CSJ también tiene pendientes de resolver los antejuicios presentados contra la jueza Marta Sierra de Stalling, por supuestamente favorecer a los sindicados en el caso La Línea y otorgar fianzas para su libertad.(Rudy Tejeda-Siglo XXI)

Ayer por la noche, la diputada federal electa Arlet Mólgora Glover estuvo en las oficinas del la CTM de Chetumal, para agradecer el sufragio que la lleva a la Cámara de San Lázaro.
Alrededor de la 7 PM la legisladora arribó al edificio de la Federación de Trabajadores del municipio de Othón P. Blanco, donde fue recibida por el Comité Directivo Municipal, dirigentes sindicales e invitados especiales.
Después de saludar de mano y de posar para los reporteros gráficos, los concurrentes se trasladaron al tercer piso del inmueble, en donde está ubicado el auditorio Nora Quintana de Velázquez.

Allí, el líder José Javier Poot Martínez, al dar la bienvenida a la diputada, aseguró que en su organización trabajan en armonía.
Asimismo, hizo un recuento de las actividades que realizaron durante el proceso electoral pasado, como muestras del apoyo incondicional que su organización brinda al Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad, Rafael Beltrán Chim, líder cetemista, ex dirigente municipal de esa central en OPB, destacó la significancia del evento como “un día de fiesta”.
Ante un auditorio abarrotado, en el que estuvo un representante del edil Eduardo Espinosa Abuxapqui, Beltrán Chim hizo una amplia exposición de la participación que los cetemistas han sostenido en los comicios, federales, estatales y municipales, en respaldo al PRI.

“Y así como nuestro apoyo al Revolucionario Institucional y a los candidatos a los puestos de elección popular ha sido absoluto, de esa misma forma esperamos correspondencia”.
En tanto, Mólgora Glover, primero elogió la unidad que existe en torno al dirigente municipal de la CTM en Othón P. Blanco, Poot Martínez, para enseguida agradecer el respaldo en las urnas que recibió del sector obrero.
Representante popular del Distrito II, que comprenden los municipios de OPB, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, Arlet Mólgora precisó que aún sin rendir protesta como legisladora federal, asistió al encuentro con la CTM “para dar la cara”.

Al final de su intervención, basada en los resultados que su partido obtuvo en las recientes elecciones, pronosticó que el proceso venidero, del 2015, el PRI participara con “carro completo”.

FULMINANTE NOCAUT AL CHEPE

jueves, 30 de julio de 2015

Tremenda acalambrada le dieron al edil de Bacalar, José Contreras Méndez, por intentar pasarse de listo.
Pensó que podría hacer lo que se le antojara, imponiendo condiciones en el municipio que desgobierna.
Lo dejaron quietecito en un abrir y cerrar de ojos.
Eso para que aprenda a respetar las reglas, impuestas desde que le dieron oportunidad para que trabajara en ese cargo.
La lección es para que entienda que las normas no son para que les meta cuchillo y las envuelva en una tortilla, como si fueran taco.
Así que no le quedó más que enrollar la cola entre las extremidades inferiores.
En términos y conceptos claritos le recordaron que su función es administrativa y que debe cumplir a la sociedad, mediante un pulcro manejo, en un clima social de tranquilidad.
Y vaya que sus orejotas pedían a gritos el jalón, pues por su ignorancia, alimentada por la soberbia, desde que asumió la presidencia del ayuntamiento bacalarense ha tenido grotescos tropiezos, que evidencian su total ineptitud.
El contenido básico de la llamada de atención consistió en hacerle ver que él no es quien para decidir o realizar acciones, como si fuese rey, que debe consultar a quién está por encima de su corta  estatura política.
Qué infantilismo el de José Contreras Méndez, que valiéndole tres tacos de cochinita, quiso hacer lo que sus caprichos le dictaban. Allí están las consecuencias. Salió más que raspado.
En un santiamén lo pusieron en su verdadero lugar; nada más para que entienda que no es absoluto.
¡Cuánta soberbia o falto de valores entendidos de su parte.
Quiso pasarse de púgil y antes de que sonara la campana del primer raund, ya estaba en la lona, en un rincón del encordado.
¡Nocaut fulminante al “Chepe”.

 (Carlos Colonia López/Ecos del Caribe)


En el tercer día del boicot al transporte público en el que cientos de buses mantienen apagados sus motores, miles de salvadoreños afectados siguen saliendo de sus hogares para desplazarse a sus lugares de trabajo u otro destino.

Confiados en que encontrarán un medio alternativo para movilizarse, ya que existe un plan de seguridad del gobierno y un plan contingencial que se ejecutó desde el primer día, nada detiene el deseo de cumplir con las responsabilidades, pese a enfrentarse también a la adversidad, el temor y los miedos difundidos por parte de grupos delincuenciales.

Y es que los reportes del Viceministerio de Transporte ya confirman más de 140 rutas de buses detenidas tanto en el área urbana como interdepartamentales.

Para contrarrestar esto, el Plan Contingencial de transporte impulsado por la institución ha dado resultados, debido a que desde las primeras horas de este día, buses, microbuses y pick up, bajo el plan del VMT brindaron sus servicios desde los diferentes municipios afectados.

Las paradas de buses lucían más desahogadas, debido a que la población se abocó a los diferentes transportes brindados por el gobierno salvadoreño.

Apopa, Mejicanos, Soyapango, Ilopango, San Marcos, San Salvador, son los municipios más afectados, la alcaldía de San Salvador se unió a las instituciones que apoyan el plan contingencial brindando más 30 unidades gratuitas.

La población salvadoreña agradeció la voluntad de las instituciones de gobierno para solventar las necesidades de la población que sufre las consecuencias de acciones delictivas y donde los empresarios de buses exigen al gobierno una mesa de diálogo.

En 2013 los transportistas también realizaron una protesta de tres días que buscaba compensación en subsidios, sin embargo, en la actualidad la Asamblea aprobó el pago de subsidios a través de que transportistas tienen que demostrar que cantidad de usuarios transportan. Y de acuerdo a esto se les entregará el subsidio y se implementará el mecanismo de cobro de tarjeta, la cual no es aceptada por los buseros.

Mientras tanto, los afectados siguen, por ejemplo los habitantes de varias colonias del municipio de San Marcos, desde muy temprano abarrotaron las principales paradas de autobuses esperando abordar un pick-up, que son la única alternativa para quienes viven en los alrededores de la autopista a Comalapa.

Los usuarios explicaron que deben salir mucho más temprano de sus casas, ya que entre más tiempo pasa, los vehículos circulan abarrotados, por lo que no hacen paradas para subir más pasajeros.

Para quienes viven en los alrededores de la calle antigua a Zacatecoluca, la situación es un poco mejor, ya que algunas unidades de la ruta “A” hacen su recorrido habitual, lo que facilita el traslado de las personas. Sin embargo rutas 11, 21, 37, 11B, 11C, no brindaron servicio.

Las rutas 45AB, 38, 10, 38 C, 4, 4T, no circularon por las calles de Apopa, pese a esto, miles de personas utilizaron los transportes alternativos, que recorrían desde el municipio hasta las cercanías a la Alcaldía de San Salvador.

En Soyapango e Ilopango, también las rutas 9, 41 A, 41C 41D 41D siguen sin prestar sus servicios, por lo que ciudadanos utilizaron los medios alternativos o el SITRAMSS.

En cuanto a Mejicanos y Ciudad Delgado, la población se mostró más apegada al transporte alternativo debido a rutas como 1, 31, 30, 30 B, 2, 2 A, siguen sin dar su servicio.

Otras rutas que no prestaban el servicio normalizaron su actividad,entre estas están la 111, 116, 110 y 113 que circulan en oriente.

En apoyo a la población afectada por el sabotaje al transporte colectivo, la Fuerza Armada de El Salvador ejecuta el Plan Alternativo Barrios, en coordinación con el VMT, poniendo a disposición medios de transporte y seguridad

En el área metropolitana, desde ayer, vehículos de la Fuerza Armada proporcionaron transporte a los habitantes de los sectores de Apopa, San Martín, Mejicanos, San Marcos, Miralvalle y La Cima, además desplegar miembros de la FAES por ordenes del Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Iglesia llama al diálogo

La iglesia Luterana de El Salvador hizo un llamado, esta mañana, a que se establezca un diálogo con las pandillas. Los obispos de la iglesia mostraron su preocupación ante los últimos hechos de violencia contra transportistas y reiteraron la importancia del diálogo con miembros de pandillas.

“Estamos preocupados por todos los actos de dolor. Por eso es importante un diálogo”, comentó el obispo Medardo Gómez, quien condenó las muertes nueve transportistas.

Además la iglesia luterana explicó que buscaran como institución un dialogo con pandillas, con el fin de erradicar la violencia en el país.(Diario colatino)

El Gobierno respalda las uniones maritales entre personas del mismo sexo, e incluso su derecho a adoptar, por lo que este jueves le pedirá a la Corte Constitucional que –mientras el Congreso les aprueba el matrimonio– establezca una figura transitoria que les permita unirse legalmente y con los mismos derechos de las parejas heterosexuales; incluso, que les reconozca el término ‘matrimonio’.

¿Esto en qué se traduce? Pues en que se establezca –según la petición que hará el Ejecutivo– un “contrato análogo al contrato de matrimonio civil vigente”, para que las parejas gais se puedan casar bajo el amparo del ordenamiento jurídico colombiano y se les reconozca un derecho por el que llevan años luchando. (Lea: Los argumentos de Ordóñez para decirles no a los derechos homosexuales)

La parte central de la discusión, que esta vez tendrá como escenario una audiencia pública de la Corte Constitucional, es que los homosexuales piden que se les reconozca explícitamente el derecho al matrimonio, ya que –y tras una sentencia de este mismo tribunal– actualmente pueden acudir ante los despachos para contraer una “unión solemne”.

El encargado de dar este mensaje de respaldo del Gobierno es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien radicó ante esta Corte un escrito que defiende el derecho a las uniones homosexuales y cuyo contenido completo fue conocido por EL TIEMPO. (Gráfico: Estos son los derechos ganados de la comunidad gay en Colombia)

“Pido a la honorable Corte Constitucional, con total respeto a su competencia y autonomía, declarar que, para superar el déficit de protección existente, las personas que conforman pareja del mismo sexo que deseen formalizar su unión, así como los jueces y notarios ante quienes se presenten, puedan acudir a un contrato análogo al contrato de matrimonio civil vigente en el derecho colombiano, con todos sus efectos, incluida su denominación”, asegura Cristo en el documento.

Esta figura, aclara el Ministro del Interior, sería aplicable mientras el Congreso legisla sobre el tema, tal y como lo ha conminado en varias oportunidades esta misma Corte.

El Gobierno argumenta que la protección constitucional de la familia, establecida en el artículo 42 de la Constitución –en el que se dice que “se constituye (...) por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”–, no es una prohibición absoluta para el matrimonio igualitario.

Si bien habría que modificar su contenido para cambiar el concepto constitucional de familia, lo planteado en la Carta Política –según el Ejecutivo– es una limitante que se puede cambiar sin detrimento de la protección de los derechos de quienes la conforman.

De hecho, el Gobierno recuerda que el artículo 13 de la misma Constitución es explícito en su referencia a la igualdad de “todas las personas”.

“El único límite que impone la regulación de las formas de matrimonio es que no puede suprimir, desconocer o prohibir el matrimonio entre hombre y mujer”, añade Cristo en su escrito.

Cabe recordar que el pasado 28 de junio, durante la marcha LGBTI que se realizó en diferentes ciudades del país, el Ministro del Interior emitió una comunicación pública destacando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de avalar el matrimonio igualitario en los 50 estados. Dijo que es el momento de dar ese paso en Colombia.

“A la Corte le debemos un agradecimiento por las victorias jurídicas que le ha dado a la igualdad, (pero) se trata de una tarea todavía inconclusa y es necesario dar el paso para consagrar el matrimonio y la adopción igualitarios”, afirmó Cristo en ese momento.

La postura del Ministro del Interior no es aislada en el alto Gobierno. Si bien la Casa de Nariño ha sido cuidadosa en pronunciarse sobre este tema, EL TIEMPO también conoció el escrito que el consejero de Derechos Humanos de Palacio, Guillermo Rivera, le envió a la Corte Constitucional para la audiencia.

Rivera dice en el documento que “la desprotección de las parejas del mismo sexo sin duda excede los márgenes admisibles y, por lo tanto, la labor de la Corte Constitucional debe ir más allá de señalarla o reconocerla”.

Es bajo esta premisa que el Consejero de Derechos Humanos, mientras el Congreso legisla sobre el tema, le pide a este alto tribunal que dé pasos concretos en el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo, como en su momento lo hizo a través de la sentencia C-577 de 2011, en la que quedó claro que una pareja homosexual constituye familia.

“El juez constitucional no puede quedarse pasivo ante la inactividad del legislador, en detrimento de los derechos fundamentales de un grupo poblacional”, precisa Rivera en su escrito.

Papel del Congreso

La audiencia pública de hoy, que preside el polémico magistrado Jorge Pretelt (quien ha manifestado posturas en contra del matrimonio igualitario), será clave para –entre otras cosas– que el Congreso escuche voces que desde hace varios años lo están conminando a pronunciarse de fondo sobre el tema.

El Legislativo ha intentado en por lo menos 4 ocasiones distintas discutir sobre el matrimonio igualitario, pero nunca ha logrado los votos necesarios. Esta semana habrá un nuevo intento.

El senador de ‘la U’ Armando Benedetti radicará un proyecto de ley que busca avalar el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, que, dadas las circunstancias, podría contar con el respaldo del Gobierno.

El congresista dijo que “aquí no se lucha por los derechos de los LGBTI, sino para que todos tengamos los mismos derechos ante la ley”. Y pidió apoyo para su iniciativa, dejando de lado “la carga religiosa”.

Colombia es un país que aún tiene muchas reservas con este tema, así lo demuestran las posturas de la Procuraduría, la Iglesia católica y los sondeos de opinión, pero el respaldo del Gobierno podría ser clave para dar un paso adelante en materia de derechos LGBTI y, como lo pide Cristo, por fin reconocerles la posibilidad del matrimonio.

Caso de pareja en Cali motivó la discusión

La audiencia de hoy, que incluirá las voces de cerca de 30 expertos nacionales e internacionales en asuntos legales y de género, se llevará a cabo dentro del proceso de revisión de una tutela que interpuso una pareja en Cali luego de que el notario ante quien quisieron formalizar su unión se negó a hacerlo bajo la figura del matrimonio civil.

Uno de los demandantes, Luis Felipe Rodríguez, interpuso una tutela ante el juzgado 11 civil municipal de Cali, que fue resuelta el 24 de julio del 2013 en contra de la notaria Sandra Patricia Tobar Pérez. En el fallo, argumentó que la notaria vulneró sus derechos al negarse a proceder con la figura del matrimonio civil en el momento de formalizar su unión con otro hombre.

La notaria argumentó “incompetencia constitucional” para efectuar dicho trámite.

Aunque el juez ordena a la notaria realizar el procedimiento, insiste en que el mismo debe tener la figura de “contrato” por lo que Rodríguez apela. El caso llegó a revisión de la Corte Constitucional y fue acumulado con otros procesos. Dentro del estudio de ese caso, el entonces director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, y el director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, solicitaron el 5 de mayo realizar una audiencia pública para dar el debate académico sobre el reconocimiento del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

Este jueves, la fundación Marido y Mujer señaló que este tema debe ser resuelto en el Congreso, como lo ordenó inicialmente la Corte, y no en ese alto tribunal.

Indicó, además, que tres partidos políticos han promovido llevar al Legislativo un proyecto en el que no se hable de matrimonio, sino de “contrato de convivencia”.(Daniel Valero-El tiempo)


El Ministerio Público de La Paz investiga una denuncia de compra con sobreprecio de uniformes (blusas) en la Policía Boliviana en 2013. Dentro del proceso está en calidad de acusado el excomandante de esa institución, general (r) Alberto Aracena.

La información a la que accedió La Razón cursa en el Ministerio Público. Este caso salió a luz pública después de conocerse denuncias de actos de ilícitos en la Policía, como la venta de información en la lucha antinarcóticos, la misma que fue advertida por el propio presidente Evo Morales, el lunes.

Una fuente vinculada al proceso en la Fiscalía informó que este caso se encuentra en etapa de investigación desde 2014, por irregularidades observadas en la adquisición de uniformes policiales para la tropa, consistente en blusas durante la gestión 2013. Aracena es sindicado de suscribir el contrato de la compra irregular en el que existiría un sobreprecio, lo que sería investigado por la División Anticorrupción del Ministerio Público paceño.

Comisión. Esta misma fuente señaló que la acusación fue presentada por una exjefa policial, ya que se causó un daño económico a la institución y al Estado de cerca de Bs 200.000. Este diario intentó obtener una respuesta de Aracena, pero no tuvo éxito, debido a que sus dos teléfonos móviles estaban fuera de servicio.

Al referirse al caso, Róger Velásquez, fiscal de la División Anticorrupción de la Fiscalía, confirmó que el proceso en contra del excomandante está radicado en su despacho y en plena etapa de investigación, pese a que ya lleva un año. No obstante, aseguró no tener detalles del proceso porque la causa era amplia. Además, arguyó de que este caso lo llevaba como cualquier otro, con el ritmo correspondiente. No obstante, hizo conocer que existen aproximadamente 6.000 procesos en la oficina a su cargo, a los que debe atender de igual forma.

El actual comandante nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez, aseguró no tener detalles sobre el caso, ya que éste se encuentra en instancias jurisdiccionales que son las responsables de dar la información correspondiente y acertada.

En enero de 2014, la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, además denunció, ante los medios de comunicación de La Paz, actos irregulares en la compra de los uniformes, por lo que los entonces jefes de la institución estaban manchados por acciones de corrupción.

En febrero del mismo año, el representante de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) en Cochabamba, José Cáceres, denunció que los uniformes que les dotaron eran de mala calidad, por lo que exigió el inicio de una investigación sobre la adquisición de las prendas que “no servían”.

Respecto a los actos ilícitos en la institución, en junio de 2015, la exsubcomandante de la Policía, general Rosario Chávez, luego de ser destituida del cargo, reveló que en el Alto Mando de la Policía Boliviana existían personas que tienen denuncias de corrupción y extorsión a otros uniformados.

En esa línea, en las dos últimas semanas se dio a conocer de actos ilícitos al interior de la Policía, sobre todo con algunos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), por lo que se los detuvo en Cochabamba por volteo de droga y en Santa Cruz de la Sierra por extorsión a traficantes de droga, entre otros. En 2014, la entonces ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, también denunció actos de corrupción cometidos por exjefes policiales. Posteriormente, por emitir esas sindicaciones, recibió amenazas contra su vida.

Medidas para denunciar

Proyecto

Ante los hechos irregulares, el Gobierno, a través de una ley corta, creará instancias garantizadas para que el personal subalterno pueda denunciar actos de corrupción de sus jefes en la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas e instituciones públicas.(Williamn Farfán-La razón)

Ciudad del Este. Mariana Ladaga.- Dos delincuentes armados ingresaron anoche a la vivienda de una joven pareja y su amiga, en el distrito de Minga Guazú. Luego de mantenerlos maniatados y a oscuras durante una hora, no se conformaron con el dinero y celulares, y le cortaron el cabello a una de las mujeres.

Ocurrió este martes, alrededor de las 21:00, en el interior de una vivienda ubicada en el kilómetro 22, lado Monday de Minga Guazú, a 100 metros aproximadamente de la ruta internacional Nº 7 José Gaspar Rodríguez de Francia.

Los autores del hecho portaban revólveres y actuaron a cara descubierta, pero apagaron las luces al momento de cometer el atraco. Al no conseguir la suma que buscaban, se alzaron con tres celulares y G.400.000 en efectivo, y además le cortaron el cabello a Carina Brítez Delvalle de 25 años.

También resultaron víctimas, Josefina Acosta García de 27 años de edad y su pareja Ronaldo Ramírez Villalba de 29 años. La casa fue alquilada porque a las amigas les quedaba cerca de su trabajo.

“Nos ataron con las manos atrás, apagaron las luces y ellos usaron una linterna. A mi pareja le cubrieron el rostro con una toalla. Fueron unos 45 a 50 minutos de mucho temor porque acá los vecinos están lejos y no nos iban a escuchar, podían hacer lo que querían ellos”, detalló Josefina.

Agregó que los delincuentes, en todo momento, les exigieron todo el dinero que tenían pero no se conformaron con la suma mencionada.

En tanto que Carina Brítez, con la cabeza cubierta, expresó que aún no se reponía del gran susto que pasó. “Me cortaron el cabello bastante cortito, quedó horrible, es un trauma más para mí eso”, lamentó.

Posteriormente los hombres se dieron a la fuga, dejándolos maniatados y encerrados bajo llave. Tiempo después, Lourdes logró levantarse y con la ayuda de un cuchillo pudieron liberarse.

Los afectados fueron a dormir a casa de parientes, temerosos de que los delincuentes retornen y adelantaron que se mudarán de la zona debido a la inseguridad.

El caso fue denunciado en la Comisaría 8ª de Minga Guazú y está siendo investigado por agentes de Investigación de Delitos del Ministerio Público.(Raquel Domínguez-Crónica)


Mañana es el último día de trabajo para quienes llevan adelante la obra del Antel Arena. La construcción se suspenderá a partir de agosto, y ante la incertidumbre sobre su futuro laboral, ayer de mañana los trabajadores de la obra se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva. Allí Gabriel Acosta, uno de ellos, explicó en rueda de prensa que reclaman el pago del 100% de los jornales mientras la obra esté parada. Explicó que muchos de los empleados dejaron sus trabajos en Salto, Artigas o Paysandú al pensar que esta obra los emplearía durante un año y medio.

Son 182 los trabajadores de la obra, informaron ayer los representantes de Teyma en una reunión que mantuvieron en la tarde con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Antel y del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA). El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, explicó en ese encuentro que el objetivo del gobierno es retomar la obra el 11 de enero, cuando termine la licencia de la construcción del próximo año.

De los 182 trabajadores hay muchos que son personal estable de la empresa constructora, y buena parte de ellos serían distribuidos en otras obras. Pero según explicó Faustino Rodríguez, presidente del SUNCA, la empresa ya dijo que no hay obras suficientes en las que distribuirlos, por lo que debería mandar a muchos de ellos a seguro de paro. “El que va a seguro de paro se siente perjudicado porque no cobra el mismo salario y compensaciones que si estuviera trabajando, y no queremos que el trabajador sea el perjudicado”, explicó Rodríguez, y explicó que se acordó una nueva reunión el lunes con Teyma y Antel para “buscarle la vuelta, viendo las situaciones de cada uno de los trabajadores” para no afectar a los empleados. También hay trabajadores que no son estables de la empresa y otros que no llegan a cumplir los requisitos para acceder al seguro de desempleo.

“Mientras no tengamos un acta firmada con resultado positivo, estamos movilizados”, aseguró el dirigente sindical. Castillo dijo que ahora deben “negociar las partes [en la tripartita integrada por Antel, Teyma y el SUNCA] y ver las aspiraciones de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores no son materia de negociación. Lo que sobrepase por encima de los derechos son propuestas que hará el SUNCA y dependerá de las posibilidades que se tenga de atenderlas”. El jerarca dijo que el grupo conformado por el MTSS y el Ministerio de Economía y Finanzas para determinar alternativas de financiamiento al Antel Arena sigue trabajando, con la expectativa de que el Consejo de Ministros pueda tomar una resolución el lunes.(La diaria)

En el Congreso se discute el proyecto de control de identidad preventivo, que permitiría a carabineros solicitar la cédula de identidad a toda persona sin causales específicas y eventualmente trasladarlo a una comisaría. El Senador Coloma (UDI) y Espina (RN) siguen ejerciendo presión para aprobar este nueva herramienta represiva.

La derecha sigue empecinada en instalar el debate sobre la seguridad y delincuencia, aprovechando la coyuntura para ampliar las facultades de las policías. Para los partidos de la derecha el problema de la delincuencia se resuelve con más carabineros, más detenidos y más cárceles.

Pese a que Carabineros se ha puesto en el centro del debate por la brutal agresión perpetrada contra el estudiante Rodrigo Avilés, quien estuvo al borde de la muerte, y el reciente asesinato del trabajador Nelson Quichillao, tanto la UDI como RN siguen ejerciendo presión para otorgarle mayores herramientas represivas a la policía.

Una de ellas es el control de identidad preventivo. Recordemos que actualmente Carabineros puede solicitar la cédula de identidad a cualquier persona siempre que existan indicios de delitos cometidos. Pese a que la ley establece criterios para el control de identidad, en la práctica Carabineros no los respetan y utilizan esta institución jurídica para detener a manifestantes.

Sin embargo, el senador gremialista Juan Antonio Coloma aseguró que “un carabinero con las actuales facultades, por más que sospeche algo, no puede pedir ni siquiera el carné, eso me parece abusivo”. La afirmación no hace más que confirmar que la derecha vive completamente alejada de la realidad.

Según el senador Alberto Espina (RN), “parece razonable que la policía tenga la atribución para que, en el mismo lugar donde la persona se encuentra, le pueda pedir su carnet de identidad”. Lo que no menciona el senador, es que esta facultad ya existe y se utiliza para detener a manifestantes. Tampoco dijo que el actual proyecto que establece el control de identidad preventivo libera a Carabineros de justificar el control, lo que abre aún más la puerta a arbitrariedades por parte de carabineros.(La izquierda diario)

Basándose en el último informe sobre cultivos de hoja de coca y narcotráfico elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el gobierno peruano celebró que Perú se ubicó después de Colombia como el productor mundial de cocaína. El presidente Ollanta Humala en su último discurso oficial fue mucho más entusiasta. "Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un poder paralelo en el Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro)", expresó. A la luz de las cifras de la UNODC, el narcotráfico sigue siendo un poder en el Vraem.

En términos globales, la reducción de la extensión de los cultivos de hoja de coca de 49 mil 800 hectáreas, que era la dimensión registrada en 2013, a un total de 42 mil 900 hectáreas, en 2014, representa una significativa disminución de 13.9 por ciento.

Sin embargo, en el mismo informe de la UNODC se consignan datos valle cocalero por valle cocalero que permiten una mejor interpretación de los números.

En el Alto Huallaga se produjo una de las más extraordinarias reducciones de los cultivos ilegales de coca: de 4 mil 302 hectáreas, en 2013, a 1,555 hectáreas, en 2014. Es decir, los cocaleros se achicaron en 63.9 por ciento.

En cambio, en el Vraem la situación es radicalmente distinta. En 2013 se reportaron 19 mil 167 hectáreas, y en 2014 un total de 18 mil 845 hectáreas. La disminución de 1.7 por ciento es por un factor de medición, y no porque se aplicaron operativos de destrucción de cocales, como aclara el organismo internacional.

Pero hay algo más importante. De acuerdo con las mismas cifras de la UNODC, en 2010 los cultivos ilegales de coca en el Vraem (61 mil 200 hectáreas) representaban el 32.22 por ciento del total del país. En 2014 subió a 43.92 por ciento (42 mil 900 hectáreas).

Lo que quiere decir que, no obstante que ha habido una evidente reducción de los cultivos de hoja de coca en el Alto Huallaga, el Vraem se mantiene como el epicentro de la producción de droga, y en consecuencia, el narcotráfico no es una ilusión. Es un poder real.

El propio jefe del Estado señaló en su presentación que durante su gobierno han sido eliminadas 551 pistas clandestinas, 8 millones 500 mil kilos de insumos y 3 mil 839 laboratorios de procesamiento de drogas. Estas cifras demuestran la potente actividad del narcotráfico, que también se manifiesta con el crecimiento de la exportación de cocaína mediante la modalidad del "preñado", que es la filtración de paquetes de droga en contenedores ubicados en los terminales portuarios del Callao.

Este año la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, citando cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), manifestó que cada año el narcotráfico en el país alcanza alrededor de 8 mil 500 millones de dólares. El último reporte de la UNODC señala que en 2014 las fuerzas del orden requisaron pasta básica y cocaína por un monto equivalente a los 31.3 millones de dólares. Es decir, el 0.36 por ciento de los 8 mil 500 millones de dólares que manejan los narcos anualmente.

La plata del narco

"Solo en los primeros seis meses de este año, 1,300 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca ubicados en el Vraem se han transformado en terrenos para sembrar productos alternativos como café, cacao y piña", señaló el presidente Humala y es destacable el esfuerzo por reducir a su mínima expresión los cocales en el Vraem. Empero, como reconoce la UNODC, en el área mencionada no ha habido operativos de destrucción de cultivos. "En esta zona no ha existido sustitución o abandono, ni acciones de erradicación. La extensión determinada para el Vraem representa el 43.9% del total existente en todo el ámbito nacional y constituye el área de producción de mayor dimensión.

Más aún, en el informe de la UNODC se precisa claramente no solo que no ha habido disminución de los cocales que controla el narcotráfico en el Vraem, sino también que lo que se produce en esta zona representa el 67.8 por ciento de la oferta de hoja de coca de todo el país que se destina a la elaboración de clorhidrato de cocaína. Los narcos seguirán siendo un poder en el Vraem mientras no se eliminen los cultivos ilegales.

Proyecciones

Cocaína. En 2014 la producción potencial fue de 245 toneladas.

Dinero. Si el precio promedio de cocaína en el Perú fue de US$ 1,178 por kilo, entonces el costo de la cocaína vendida el año que pasó fue de US$ 288.6 millones.

Enfoque. “sustitución de 1,300 HAS. suena broma”

Nuevamente el presidente Ollanta Humala intenta jugar con los números para hacernos ver una realidad distinta. Intenta comparar la eficacia de los programas de cultivos alternativos en el Alto Huallaga, que responden a un esfuerzo sostenido de varios actores: primero se golpeó a los terroristas y simultáneamente se les privó de su soporte legal: los gremios cocaleros. Además, se hicieron operaciones de erradicación de los cocales.

Mientras, en el Vraem ni se golpea al narcotráfico ni se eliminan los cultivos de hoja de coca. Es más, el radio de acción de los narcotraficantes se ha ampliado y tecnificado mediante el tráfico aéreo en los últimos años. Humala también ha presentado como un gran logro la "sustitución " de 1,300 hectáreas mediante un programa del Ministerio de Agricultura. Sin la erradicación forzosa de los cocales, con un gremio cocalero que se opone tenazmente a la presencia del Estado y con más de 18 mil hectáreas de coca en el Vraem, esa cifra suena a broma.
Carlos morán Soto. General PNP (r), ex jefe de la Dirandro(Ángel Páez-Lz república)
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