miércoles, 8 de julio de 2015


En un país donde se reportan diariamente casi 40 casos de violencia sexual contra las mujeres, la sanción presidencial de una ley que castiga con penas de hasta 41 años los delitos cometidos contra una mujer por motivos de género produjo positivas reacciones.

Desde las representantes a la Cámara Clara Rojas y Ángela María Robledo hasta la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, destacaron la trascendencia de esta nueva ley y su importancia como una efectiva arma para combatir la violencia contra las mujeres.

Este mismo periódico señalaba en su edición de este martes que “en los últimos cuatro años el país ha avanzado más que nunca en leyes para proteger a las mujeres contra la violencia y para sancionar las agresiones contra ellas”. Es innegable, pues, que se trata de un gran logro en la legislación colombiana.

En palabras del propio Juan Manuel Santos, esta nueva ley “consagra el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y la sanción de los actos violentos contra las mujeres [...] y esto implica un aumento importante de penas para quienes cometan este delito”.

Hasta ahí, todo se ve muy bien. Cualquiera diría que finalmente Colombia progresa en defensa de los derechos humanos y que está tomando el toro por los cuernos para atajar los ultrajes de los cuales han sido víctimas tantas mujeres a manos de sus maridos, de sus exparejas o de desconocidos que históricamente han abusado de su condición dominante en la sociedad para ofender, lastimar, violar e incluso matar a muchas de ellas impunemente.

Sin embargo, suponiendo que a partir de ahora las afectadas denuncien, los fiscales actúen con diligencia y, libres de prejuicios machistas, los jueces dicten sentencias, se viene un gran inconveniente: el tema carcelario; un problema que, más allá de la situación de los condenados por delitos específicos cometidos contra las mujeres, afecta a todos los reclusos del país.

Para nadie es un secreto que aquí las prisiones se encuentran en una situación catastrófica. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, Colombia tiene una población de 121.000 reclusos, embutidos en 138 cárceles que, en total, solo tienen capacidad para 78.000 personas. Es decir que estamos hablando de un excedente de 43.000 detenidos.

Pero ese hacinamiento del 55 por ciento no es el único escollo. De acuerdo con la Defensoría, las penitenciarías colombianas no cuentan con instalaciones adecuadas; los servicios sanitarios son paupérrimos, o de plano no existen; los internos no cuentan con atención médica ni sanitaria y, salvo algunas excepciones, la alimentación es una vergüenza.

Como si fuera poco, son numerosas las denuncias de torturas y atropellos por parte de los guardianes del Inpec, que en no pocos casos actúan sin portar los elementos de identificación, lo cual impide que los internos los reconozcan o los denuncien cuando incurren en excesos.

En estas circunstancias es muy difícil –por no decir imposible– que las personas que van a parar a una cárcel colombiana tengan posibilidades de rehabilitación. Al contrario: en las condiciones infrahumanas en que mantienen a los detenidos, esos centros, en vez de ser lugares de rehabilitación social, terminan convertidos en campos de concentración o en escuelas de criminales.

Muchos creen erróneamente que buena parte de los problemas del país se pueden arreglar a punta de mano dura y de castigos ejemplares, pero lo cierto es que nada se gana con promulgar leyes estrictas y penas severas si el Estado no hace nada efectivo por darles una segunda oportunidad a aquellos miembros de la sociedad que han cometido un error. Y el mejoramiento de las condiciones de reclusión sería un importante paso en ese propósito.(Vladdo-El tiempo)

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