lunes, 20 de julio de 2015


En septiembre de 1983 el régimen militar promulgó una ley de autoamnistía por la represión ilegal. El entonces candidato peronista a la presidencia, Italo Luder, prometió respetarla; el radical Raúl Alfonsín, no. El 30 de octubre derrotó ampliamente a Luder. Ese día marcó el principio del fin de la hegemonía del poder militar que había durado más de medio siglo.

No es posible establecer en qué medida pesó en el ánimo de los votantes la posible impunidad de Videla y compañía, ni -en términos más amplios- en qué medida lo hacen las consideraciones morales a la hora de poner la boleta en la urna. Pero de lo que hay dudas, porque los ejemplos sobran, es de que los gobiernos que se retiran pretenden invariablemente prolongar el control sobre la justicia federal que los juzgará.

No siempre lo logran. Carlos Menem, que tuvo la suma del poder público mientras fue presidente, cayó preso entre junio y noviembre de 2001 por el contrabando de armas a Croacia. Lo encerró en la casa de su amigo Armando Gostanian el juez Jorge Urso, promovido por el propio Menem en los 90 y calificado por Cavallo como un "juez de la servilleta", es decir, un instrumento del menemismo. Los Kirchner forzaron su renuncia en 2006 para colocar en ese fuero a gente más confiable.

Hoy la presidenta Cristina Fernández está enfrentada con una parte de los tribunales que por diversas razones quiere aplicarle el Código Penal apenas abandone la Casa Rosada. A ella, a sus funcionarios y hasta a su hijo por presunto lavado de dinero proveniente de coimas a través de un hotel patagónico que es de propiedad familiar.

La pelea es asimétrica. La presidenta tendrá hasta el 10 de diciembre un poder mucho mayor que el de cualquier juez, pero es una ventaja a corto plazo y los procesos judiciales duran años.

CFK consiguió en los últimos días un par de triunfos en ese terreno: eyectó a Luis Cabral de la causa por el pacto con Irán y a Claudio Bonadío de la causa Hotesur. Ninguno de los dos obedecía órdenes del gobierno. Pero perdió una batalla el lunes, cuando la cámara federal porteña declaró inconstitucionales dos artículos de la ley de subrogancia con la que esperaba llenar los juzgados de abogados amigos.

Además Bonadio contraatacó allanando el Ministerio de Planificación, YPF y Enarsa. Las principales sospechas de corrupción apuntan a la obra pública y la política energética. Para que no quedara ninguna duda de qué espera del gobierno kirchnerista el juez alertó: "Si aparezco "suicidado" busquen al asesino", en alusión al fiscal Nisman.

En síntesis, la confrontación del gobierno con el sector del Poder Judicial que no pudo colonizar se hizo abierta y escandalosa. La presidenta no quiere que la investiguen y no se preocupa en ocultarlo. Más aún, ya ni siquiera le importa que su conducta pueda ser interpretada como una implícita admisión de culpabilidad.

A cargo del caso Hotesur quedó el juez Rafecas, el mismo que intercambiaba "WhatsApp" sobre la causa Ciccone con el abogado de José Núñez Carmona. El kirchnerismo lo salvó del juicio político.
¿Tendrán estas groseras manipulaciones algún efecto electoral? No para un sector mayoritario del padrón. Pertenece al pasado el espíritu de los 80 y su efímera esperanza en la normalidad institucional. La reelección de Menem en 1995 con el 50% de los votos fue una entre muchas pruebas de que la preocupación excluyente de los electores es su propio bolsillo.

De todas maneras el escándalo público por instalar jueces amigos y destituir a los que no lo son está lejos de beneficiar a Daniel Scioli. A esta altura sabe que la ventaja que le lleva a Mauricio Macri en Buenos Aires no es lo suficientemente amplia para consagrarse en la primera vuelta y que necesita sumar voto independiente, algo improbable si la presidenta sigue con su actual estrategia judicial.

A lo que se debe sumar la durísima interna en la provincia entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Si como dijo el matancero Fernando Espinoza "con Aníbal gobernador, pierde Scioli a presidente", el handicap que le está dando a Macri es cada vez más difícil de entender. No necesita añadirle una trifulca que permita a la prensa opositora desempolvar los principales escándalos por corrupción de la década "K".(Sergio Crivelli-Diario la prensa)

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