jueves, 9 de julio de 2015



La concentración del martes a los pies del Palacio de Tribunales volvió a reunir a la crema de la justicia, al titular del gremio de trabajadores judiciales (Julio Piumato, quien convirtió a la UEJN en un aliado estratégico de su hasta ayer enemigo histórico, la Asociación de Magistrados) y a una variada gama de dirigentes opositores, que, sin embargo, no se dejaron ver. Es entendible: la marcha de la corporación judicial en defensa propia quiso ser tan multitudinaria como la movilización del 18F, pero no tuvo la estridencia del silencio, careció de la potencia simbólica de los paraguas, y le faltó gente. Los planos de la televisión registrados casi a la altura de las cabezas de los manifestantes distorsionaban la medida exacta de la concurrencia. Manual de estilo de la manipulación mediática.

A la misma hora que la derecha judicial se aprestaba a marchar para defender lo indefendible, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en cambio, emprendía viaje rumbo a Rosario para dejar inaugurado al día siguiente un nuevo ATAJO (Agencia Territorial de Acceso comunitario a la Justicia) en la periferia de esa ciudad santafesina.

Dos visiones antagónicas sobre el rol social e institucional de la justicia vuelven imposibles de reconciliar ambos hechos. O la justicia sigue siendo un mecanismo legal tendiente a garantizar los privilegios de las clases más acomodadas, o se constituye definitivamente en un poder del Estado democrático, destinado a integrar a los segmentos más vulnerables de la sociedad a sus circuitos más virtuosos, desde económicos hasta culturales.

La oficina inaugurada por Gils Carbó en el barrio Las Flores Sur representa la extensión del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, creado en junio del año pasado, al interior del país. Oficinas similares a las que funcionan en las villas porteñas atienden las demandas jurídicas y comunitarias de las barriadas más pobres de Mendoza, Mar del Plata y ahora Rosario. Como lo expresan crecientes actores del Poder Judicial, la jefa de los fiscales nacionales entiende que no habrá justicia mientras los pobres no accedan a ella y hasta tanto ese Poder insista en “acceder” (violentar, agraviar, prejuzgar) a los pobres, mediante sus redes estigmatizantes, sus criterios de selectividad penal, y su potencia punitiva únicamente contra los débiles.

En esas agencias, los operadores judiciales que reciben los casos y atienden a las personas que se acercan, no son sólo abogados. Hay psicólogos y trabajadores sociales, que amplían la mirada y hacen que la atención no se quede en una cuestión meramente procedimental. En los ATAJOS creados por Gils Carbó la justicia se hace cargo de lo que constitucionalmente es: parte indisoluble del Estado democrático, y no una oscura, árida y patricia corporación, en permanente tensión con los otros dos poderes, ellos sí elegidos por el voto popular.

No hay otra alternativa: para lograr que la justicia por fin se legitime socialmente los pobres deben protagonizar sus instancias, y dejar de sentirla ajena, distante, enemiga. Para alcanzar ese estadio, esa institución central del Estado debe acercarse a ellos.

Cuerpo a cuerpo. En el territorio. El trillado concepto “acceso a la justicia” se define en tanto creación de dispositivos estatales en los territorios vulnerables. Y si no, no. Así lo entiende Gils Carbó. De ahí el desprecio bien ganado por esa mujer (en su discurso del martes Recondo, rodeado de una decenas de funcionarios judiciales con sus sobretodos, le dedicó un párrafo, aunque sin nombrarla) entre no pocos estamentos judiciales que ansían dejar al Poder Judicial quieto e informe en el lugar que ocupa desde hace décadas: apenas un poder decorativo, ornamental, no más que un escribano de la brecha social, a cambio de un cargo vitalicio, un salario intangible, una poltrona confortable en un palacio céntrico, un lenguaje encriptado y sólo accesible a sus habituales usuarios, y una notable apoyatura mediática toda vez que la política se aventura a poner en la agenda del debate público su rol institucional.

Los ATAJOS en los barrios son la puesta en práctica del espíritu democratizador que persigue el nuevo Código Procesal Penal, que establece la oralidad plena de los procesos, la centralidad de la víctima y la fijación de estrictos plazos para la tramitación de las causas, al tiempo que permite cerrar determinados expedientes para enfocar la investigación en otros, en virtud de una política criminal que persiga el crimen organizado y no sus expresiones más insignificantes, como sucedió hasta ahora. ¿Por qué, sino, las cárceles están llenas de pobres, muchos de ellos sin condena firme? ¿Será ese el motivo del enojo de algunos jueces y fiscales acostumbrados al toma y daca con las corporaciones y al contubernio con el poder real, del dinero? La marcha del martes volvió a ser la expresión de ese disgusto.

Para los pobres que viven en los barrios más deprimidos de las ciudades, la preocupación y la prioridad de sus habitantes no es ni ahí la misma que los medios hegemónicos construyen entre las capas medias urbanas que consumen sus noticieros e informes amarillos como quien cena pochoclo. En los ATAJOS la gente denuncia casos de maltrato de género, abusos institucionales, violencia obstétrica, pide asesoramiento sobre expedientes judiciales, pregunta sobre la tramitación de documentos, o sobre cómo acceder a la extendida gama de beneficios en materia de seguridad social. No va a exponer homicidios, ni cocinas de cocaína, ni asaltos, como sugestionan los medios que crean sentido e instan al miedo y la paranoia social. Los pobres piden a gritos a la justicia que les garantice el acceso a sus derechos sociales más elementales. Pero la justicia está en otra cosa.

Así, la marcha corporativa del martes volvió a darle la espalda, no sólo a un gobierno popular, sino a los argentinos y latinoamericanos de a pie, de piel oscura y manos curtidas, que esperan, de una vez por todas, que la justicia se acerque a ellos, se les parezca un poco, y los comprende en toda la intensidad de sus frustraciones históricas y sus esperanzas de cambiar la vida. La inclusión social que signó estos años que fuimos felices es mucho más que un concepto académico o una categoría para el debate ideológico. Se trata de una marca de época. Un logro histórico. Un punto de ruptura en la cultura democrática. Tarde o temprano la justicia tendrá que expresarla.(Demetrio Iramain-Tiempo argentino)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

¡Bienvenido a Anfibio Radio!

LO + POPULAR

archivo de noticias

- Copyright © Anfibio Radio -Anfibio Radio- Powered by Blogger - Designed by Grafics Web -