viernes, 24 de julio de 2015


La Ley de Seguridad Pública del Estado aprobada en la Asamblea en 2009 no permite conocer cómo se utilizan y a dónde se destinan los gastos especiales o reservados que son administrados por la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), según Juan Carlos Solines, abogado y experto en temas tecnológicos, respalda su afirmación en los artículos 18 y 26 de esta norma legal.


Este aparado dice que la Senain dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales asignados a inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, mantenimiento del orden público y de la defensa nacional, cuyo uso no se someterá al Sistema Nacional de Contratación Pública.


Allí se estipula que el fondo permanente de gastos especiales constará en el Presupuesto del Estado, el cual será de acceso público, no así las asignaciones de los gastos de información clasificada.


Los asambleístas de PAIS Soledad Buendía y Gabriel Rivera opinan que es necesario cumplir las leyes y recuerdan que los informes que entrega la Senain cada seis meses a la mesa de Relaciones Internacionales también son reservados.


Rivera insiste en la necesidad de la reserva por lo complejo que sería conocer la identidad de agentes que investigan al narcotráfico. Afirma que el organismo responsable de dar seguimiento a esos recursos es la Contraloría. “Pero este no es un mecanismo que solo se lo aplica en el Ecuador, sino en varios países”, asegura.


En el artículo 26 de esa Ley se aclara que la rendición de cuentas del uso de gastos especiales de la Senaín se realizará, con los respectivos respaldos, ante el Contralor. “De dichos documentos, únicamente se conservarán los que permitan conocer el destino de los gastos especiales, más no sus beneficiarios, a fin de que puedan desclasificarse dentro del plazo de 15 años, los demás serán incinerados por el Contralor”, dice Solines.


“Son montos globales que nadie sabe cómo se los usa. La única constancia de cuáles son los servicios que paga, son destruidas por el Contralor. ¿Por qué se destruyen las evidencias de lo que se gasta? Esta es una pregunta clave”, afirma. Este Diario solicitó a la Senain una versión vía correo electrónico, pero hasta el cierre no hubo respuesta. (La hora)

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