jueves, 23 de julio de 2015


Bajo un análisis exhaustivo se mantiene la configuración de la Junta de Control Financiero que intenta establecer el gobierno de Puerto Rico para encarar la crisis fiscal que lo mantiene al punto del impago, ante las implicaciones constitucionales que representaría la “convergencia de poderes”.

Aunque es poco lo que ha comenzado a trascender públicamente sobre las continuas reuniones del equipo designado por el gobernador Alejandro García Padilla para formalizar la junta y crear un plan financiero a largo plazo, especialistas en derecho constitucional y analistas sostienen que se trata de un asunto delicado que no se puede prestar para equívocos.

En su manejo de la crisis económica, el gobierno ha recibido algunos traspiés en sus principales propuestas, como la inconstitucionalidad de la llamada “quiebra criolla” y el polémico y abortado proyecto de reforma contributiva. En ambas instancias se buscaba, primero, crear el mecanismo para reestructurar la deuda, y en el segundo caso, la manera de atender la caída en el nivel de recaudos en el Fondo General.

Según aceptó esta semana el secretario de Justicia, César Miranda, al concluir las dos reuniones que tuvo el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica- designado por el gobernador y presidido por el secretario de la gobernación, Víctor Suárez-en esta etapa las principales preocupaciones bajo discusión con los asesores legales es la constitucionalidad de la Junta de Control Financiero. El lunes, al terminar una reunión en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Miranda dijo que un punto fundamental está en las implicaciones constitucionales “ante la convergencia de poderes”. Ayer, al salir de otra reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en Fortaleza, descartó que las funciones de la junta minen poderes constitucionales a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo, y anticipó que será una Junta “muy peculiar” con afinidades a otros modelos y con “restricciones operacionales”.

Tanto Suárez como Melba Acosta Febo, presidenta del BGF, han dicho que “todo se va a evaluar” y no hay un perfil claro de las personas que integrarán la junta “independiente”, de la cual no se descartan representantes de los bonistas, el Banco de la Reserva Federal y otros del sector privado.

El profesor en derecho constitucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Carlos E. Ramos González, dijo que mantener las protecciones constitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo “es el reto que tiene la creación de una junta como esa”.

“No conocemos los detalles, pero la clave está en cuáles van a ser las facultades de esa junta. Si tiene poderes decisionales sobre otras ramas, como la legislatura. Parecería ser un organismo supraconstitucional¨, señaló Ramos González en entrevista con EL VOCERO.

El académico explicó que además de ese reto está la determinación de “quiénes serán sus miembros y a quienes responden. Depende a quién responderán. Se ha dicho que es una junta independiente… bueno, si la crease el Congreso no habría problemas bajo el poder de la cláusula territorial, pero ese no parece ser el caso y tienen que ser bien cuidadosos”.

“Al hablar de una junta, están caminando sobre fronteras de dudosa constitucionalidad… ver si hay problemas con las leyes de Estados Unidos, ver todo”, añadió Ramos González.

La intención conocida es que esta junta sea una especie de auditor fiscal, basado en el plan financiero a cinco años que se deberá elaborar para sanear las finanzas públicas y recuperar la confianza inversora en el Estado Libre Asociado (ELA). Esto lo han pedido los bonistas, lo han sugerido funcionarios del gobierno de Estados Unidos, y la economista y exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, quien elaboró el reciente informe que retrata la precariedad de las finanzas públicas de la Isla.

“Hay que usar todo el imaginario y la creatividad constitucional para ver qué se puede hacer. No es fácil”, opinó Ramos González.

En tanto, para el exsenador del gobernante Partido Popular Democrático (PPD) y constitucionalista, Eudaldo Baez Galib, hay diferentes factores a mirar a la hora de configurar la junta y establecer cuáles serán sus alcances y sus posibilidades de sostenerse.

Por ejemplo, si surge del contrato del ELA con los bonistas. “Una junta administrativa (de control fiscal) depende del contrato que se haya realizado. Si en el contrato de la venta de bonos se dice que los bonistas pueden instituir una junta ante una situación como un impago… pues hay que mirarlo dentro de ese contrato. Si lo ordena el Ejecutivo hay unas salvaguardas que mirar”, comentó Báez Galib.

El exsenador explicó que si la legislatura o el Ejecutivo nombraran una junta, se debe recordar que el gobernador “tiene que administrar a base de los requisitos constitucionales”, porque “la constitución establece los departamentos y los secretarios y quienes tienen las responsabilidades del poder”.

“Entonces habría que ver cuáles son los poderes de esa junta, si es ir por encima de un secretario, pues ahí habría una enfermedad constitucional”, destacó Báez Galib. “Aquí tenemos la Constitución y es la que establece los parámetros”.

Mientras, el analista y abogado John Mudd, dijo que es prematuro llegar a conclusiones sin conocer todos los elementos sobre la configuración y poderes de la junta bajo discusión, pero comentó que el gobernador no puede ceder sus poderes, que le llegaron de manera constitucional a través del sufragio de los electores.

“La Constitución de Puerto Rico tiene una forma republicana de gobierno, y hay una Carta de Derechos y hay unos poderes establecidos de manera bien clara y eso no se puede cambiar”, sostuvo.

Suárez y Acosta Febo han dicho que evalúan juntas de control fiscal de otras jurisdicciones como Nueva York, Chicago y Detroit, y de países como Irlanda y Jamaica.

La Junta de Control Financiero del Estado de Nueva York, fue creada por la legislatura estatal en septiembre de 1975, como parte de la Ley de Emergencia Financiera. Entre sus responsabilidades se incluyó supervisar y revisar la gestión financiera del gobierno de la ciudad y de ciertas autoridades públicas. Se exigió un plan financiero de cuatro años al Consejo Regulador antes del comienzo de cada año fiscal, el cual podía ser modificado.

Como hubo un primer periodo de control hasta que mejoró la situación, el Consejo Regulador anualmente puede determinar si un nuevo período de control es necesario, esto cuando no se paga el servicio de la deuda, si se incurre en un déficit operacional anual de más de $100 millones, si la ciudad emite notas en violación de la Ley, o si viola cualquier disposición legal que afecta la capacidad de pago, entre otras.

La junta sigue vigente en Nueva York y es presidida por el gobernador Andrew Cuomo, y entre sus miembros está Thomas P. DiNapoli, contralor del estado; el alcalde Bill de Blasio y el contralor de la ciudad Scott M. Stringer. Como representantes del sector privado están Lawrence E. Golub, John A. Levin y Jeffrey S. Halis, todos presidentes de las firmas financieras Golup Capital, Levin Capital Strategies y Tyndall Management LLC, respectivamente.

Mientras tanto, el secretario de Justicia dijo ayer sobre la Junta de Control Financiero que “ha habido adelanto en la medida en que se están considerando cuáles son los parámetros que debe incluir el proyecto. Eso hay que seguirlo puliendo porque hay que definir el perfil de la junta que tú quieres para que sea una junta que tenga la credibilidad”.(Carlos Antonio Otero, EL VOCERO)

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