viernes, 24 de julio de 2015


Además del estigma y la discriminación social, las trabajadoras del sexo sufren vejámenes de la Policía para realizar su trabajo, denunciaron ayer dirigentes de ese grupo de mujeres durante un taller, en Tegucigalpa.

“La Policía nos detiene injustamente y para dejarnos en libertad tenemos que darles dinero o pagarles con un ´polvo´ (sexo)”, afirmó Jackelyn Cruz, vicepresidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras (RedTraSex).

El colectivo realizó su segunda mesa de trabajo nacional para socializar con sus integrantes -todos trabajadores sexuales activos- sus derechos en el considerado oficio más antiguo del mundo.

Los dirigentes identificaron a la Policía como la principal institución que les violenta sus derechos seguida de los centros de salud, donde el personal médico y de enfermería las discrimina con respecto al resto de los pacientes, negándoles incluso un condón o preservativo.

“Nos siguen tratando como mujeres de la vida fácil, cuando en realidad se trata de un trabajo difícil, recibimos maltrato físico, sexual y económico, a pesar que tenemos los mismos derechos que cualquier trabajador normal”, afirmó Cruz.

A esto se suma que los dueños de los locales les cobran más de lo que ellas ganan y que muchas veces sus clientes las escapan de matar para no pagarles por sus servicios.

Hasta la fecha, la red ha logrado capacitar a por lo menos 1,000 mujeres que se dedican al trabajo sexual, aunque las dirigentes aseguran que cada día decenas se lanzan al mercado en busca de ganarse la vida.

Entre el 2013-2015, al menos 24 compañeras de ellas fueron asesinadas y sus casos quedaron impunes por el simple hecho de considerárseles prostitutas, vocablo que rechazan y prefieren llamarse trabajadoras del sexo.

La asesora legal de RedTraSex, Ana Lourdes Ramírez, aclaró que la normativa hondureña e internacional permite el trabajo de estas mujeres como cualquier otra actividad económica del país. Citó que se trata de mujeres que escogieron libremente esa profesión y eso las diferencia de la trata de personas o la explotación sexual. Además, el trabajo solo es permitido para mayores de 18 años.

Incluso, ilustró que el artículo 85 de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana ordena a las alcaldías reglamentar la labor de las trabajadoras sexuales por razones de salud, seguridad y orden público.(La tribuna)

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