martes, 18 de agosto de 2015


Un diplomático estadounidense recordó ayer que existe una premisa para extraditar pandilleros salvadoreños a Estados Unidos (EUA): deben haber infringido leyes estadounidenses. “Violaciones de las leyes norteamericanas, porque, si no, ¿qué base legal podríamos tener para solicitarlo, no?”, respondió Luis Arreaga, subsecretario adjunto de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), al ser consultado sobre la más reciente pretensión del fiscal general de la República, Luis Martínez: extraditar a Estados Unidos a pandilleros condenados por terrorismo.

“El tema de la extradición le compete al Departamento de Justicia, y normalmente de la forma que esto funciona es si existe alguna persona que está acusada de violar la ley estadounidense y esa persona no está en Estados Unidos, algunas veces el Departamento de Justicia decide solicitar la extradición de esa persona, pero tiene que haber una violación de las leyes estadounidenses”, aclaró Arreaga, quien llegó al país para presentar los avances del trabajo de la Fuerza de Tarea Antiextorsiones (FTA).

El fiscal general dijo este fin de semana, durante una entrevista con este periódico, que ha “estado en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos que, incluso, por ser terroristas los vamos a extraditar a Estados Unidos”. El funcionario se refería a los pandilleros, todos son miembros de la facción revolucionaria del Barrio 18, que están siendo juzgados bajo la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, por supuestamente haber participado en el sabotaje al transporte público durante la última semana de julio.

De hecho, algunos de los pandilleros procesados por terrorismo lanzaron una granada militar contra un hotel afiliado a una cadena estadounidense.

Ayer se le preguntó al fiscal general cómo sustentaría la extradición de pandilleros, como los del Barrio 18, que no han sido catalogados por Estados Unidos como una organización criminal transnacional (TCO, por sus siglas en inglés), a lo que respondió: “El mensaje es que tenemos conciencia que tenemos problemas compartidos y vamos a trabajar conjuntamente. Los criminales no respetan fronteras, no respetan pueblos, no respetan Gobiernos”.

“Si parte de eso las extradiciones va a ser una solución para extraditar pandilleros terroristas de aquí a Estados Unidos, estoy seguro que nos van a acompañar en los Estados Unidos, ya empezamos a conversar”, agregó Martínez, quien también se jactó de que “en 100 años no solo se había hecho una extradición. Con el fiscal Martínez se han hecho tres o cuatro (extradiciones a Estados Unidos) y está una en proceso”.

Desde octubre de 2012, el Departamento del Tesoro designó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional (TCO, en inglés). Hay 10 cabecillas de esa pandilla que la administración Obama ha catalogado como criminales internacionales porque los considera una amenaza a la seguridad nacional.

En 2013, de hecho, el Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra seis miembros de la MS-13, entre ellos dos de los principales voceros de la tregua de pandillas de 2012: Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, “Diablito”; y Saúl Antonio Turcios Ángel, “el Trece”, quien desde 2007 era requerido por Estados Unidos acusado de un homicidio. Ambos se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, y pese a la designación Estados Unidos nunca los ha pedido en extradición para cuando cumplan sus condenas en el país.

Los extraditados

El primer caso ocurrió dos años antes de que Martínez llegara a la Fiscalía: en 2010, cuando el salvadoreño Marvin González, acusado de haber abusado sexualmente de una de sus hijas en Texas, fue entregado a las autoridades estadounidenses.

Esa extradición fue la primera en casi 100 años de firmado el tratado bilateral de extradición entre Estados Unidos y El Salvador. Y fue posible gracias al aval de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de una reforma, en el año 2000, al artículo 28 de la Constitución de la República, que hoy en día establece que “la extradición será regulada de acuerdo con los tratados internacionales y que cuando se trate de salvadoreños solo procederá si el tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el Órgano Legislativo de los países suscriptores”.

El segundo caso que se conoció públicamente fue el de Édgar Gustavo Benítez Hernández, de 25 años, quien en diciembre de 2013 fue trasladado por miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para enfrentar cargos por intento de homicidio y posesión de armas en una corte federal de Virginia. Las autoridades estadounidenses lo vincularon con dos ataques contra supuestos pandilleros rivales, ocurridos entre agosto y septiembre de 2008.

¿Le interesa a Estados Unidos pedir en extradición a miembros de estructuras que no han sido declaradas TCO? Arreaga, del Departamento de Estado, dijo que a quien le compete responder esa pregunta es al Departamento de Justicia. Él llegó al país para hablar del trabajo de la Fuerza de Tarea Antiextorsiones (FTA), que fue creada en el marco del Asocio para el Crecimiento, y que inició operaciones desde junio de 2013.

Antiextorsiones

Arreaga ofreció ayer una conferencia junto con Martínez y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, en la que aseguraron que la FTA ha obtenido un 96 % de condenas en casos de extorsión. No precisaron cuántos ni cuáles son los casos más emblemáticos resueltos por ese grupo desde 2013. Lo que sí dijo el fiscal es que estiman que los casos resueltos por la FTA, con el apoyo de Estados Unidos, rondaron los $3.7 millones exigidos, de los cuales, según el dato oficial, se pagaron $175,000.

El director de la PNC dijo, por su parte, que las denuncias han venido a la baja desde 2010, pero reconoció que esto no necesariamente significa que haya menos extorsiones, porque hay víctimas que han dejado de denunciar. También confirmó que preparan una reestructuración de la unidad antiextorsiones de la Policía.(Laa prensa gráfica)

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