jueves, 6 de agosto de 2015


El pasado viernes 31 de julio el gobierno de Río Grande del Sur anunció que el 49% de los trabajadores estatales tendrían sus salarios fraccionados en dos o hasta tres partes para el mes de agosto. Se trata de una elección política del gobernador y no de una decisión automática derivada de la situación crítica del Estado afectado por la caída de la recaudación, en el contexto de recesión de la economía nacional, y del aumento de la deuda estatal con el gobierno federal.

José Ivo Sartori (PMDB), actual gobernador de Río Grande del Sur, optó por atacar a los trabajadores estatales y a la población en lugar de suspender todo pago de la deuda e intereses al gobierno federal o recortar gastos en los privilegios de los políticos y jueces. Con la excusa de la crisis de la deuda del estado, que viene en aumento, su gobierno adopta estas medidas. El drama social creado a partir de esta medida puede también ser interpretado como un intento de presionar al gobierno federal para renegociar la deuda gaucha, una vieja reivindicación local ignorada por los gobiernos de FHC, Lula y ahora Dilma, no importa quien gobernara en Río Grande del Sur, fueran tucanos, petistas o el PMDB como en la actualidad. El problema es que la cuestión de la deuda de los Estados va más allá de una disputa federal pues finalmente todo el dinero de la deuda pública va a parar a manos de los bancos y las multinacionales.

Esta no es la primera vez que el gobierno de José Ivo Sartori toma la decisión de atrasar el pago de salarios. En mayo pasado el gobernador había avisado que fraccionaría los vencimientos superiores a R$5,1 mil. En ese momento algunos sectores iniciaron acciones judiciales y lograron el reconocimiento de su derecho a recibir su salario en forma integral. Esta vez, el Palacio Piratini (sede del poder Ejecutivo del estado brasileño de Río Grande del Sur) anunció el fraccionamiento a último momento para evitar acciones judiciales y redujo el techo de los vencimientos que se verán afectados con la división a R$2,1 mil. Funcionarios de los poderes legislativo y judicial, como los del Ministerio Público no serán afectados pues tales órganos poseen independencia presupuestaria.

El Supremo Tribunal Federal (STF) había determinado en mayo el pago integral de los salarios cuando el gobierno intentó por primera vez el fraccionamiento. Hoy, incluso con la acusación de los sindicatos de que el gobierno estaría violando la orden judicial, la Procuraduría General del Estado respalda la acción del gobierno estatal. Varias fuentes oficiales alegan que esta medida es parte un paquete más amplio que el gobierno pretende encaminar, hacia el fin de semana, a la Asamblea legislativa para dar continuidad a lo que el gobierno llama "ajuste fiscal", buscando reducir el agravamiento de la crisis financiera estadual.

Además del mantenimiento del fraccionamiento salarial para el mes de agosto, se pretende elevar las alícuotas del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), el aumento de otros impuestos y el incremento de 85% a 95% del límite de extracción para los depósitos judiciales. El secretario de Hacienda estadual admitió que el gobierno discute la privatización de empresas públicas, alegando que la "economía de Río Grande no tiene condiciones de sustentar el volumen del aparato estatal que tienen a disposición". De acuerdo con el secretario, medidas que ya venían siendo adoptadas se mantendrán: como los atrasos en los pagos de la deuda con la Unión y con los proveedores; atraso en los envíos a los hospitales y municipios; la extracción de las cuentas de depósitos judiciales y la utilización de recursos provenientes de la Caja Única, de otros poderes y empresas públicas, es decir, el vaciamiento de estas empresas para justificar aún más las pretendidas privatizaciones.

Mientras ajusta las cuentas descargando la crisis financiera del Estado sobre las espaldas de los trabajadores, parcelando salarios y precarizando la atención pública de la salud, transporte y educación, en enero de este año el gobernador reajustó el salario de sus secretarios de R$18,9 mil y el suyo propio a R$25,3 mil, el mismo valor que ganan los diputados. Al mismo tiempo congeló el salario de los trabajadores estatales hasta 2016. En un momento en que la inflación se acerca al 9% en los últimos 12 meses, estas medidas afectan directamente el poder de compra y el presupuesto de las familias trabajadoras. El atraso en los pagos salariales, por otra parte, agrava el endeudamiento familiar.

Desde el viernes pasado se dieron manifestaciones diversos sectores y los trabajadores públicos se movilizaron. Esta semana las escuelas en todo el estado funcionan con horarios reducidos, utilizando parte de la jornada escolar para debatir con los alumnos y la comunidad la situación de los trabajadores. La policía local se acuarteló el pasado lunes. Segundo declaró Leandro Lanfredi: "Alertamos que el gobernador del Estado puede tratar de forma diferenciada a la esta fuerza y pagarle para que retome rápidamente sus funciones: reprimir huelgas y a los trabajadores".

El próximo 18 de agosto diversos sindicatos están convocando una "asamblea unificada de todos los trabajadores estatales" que promete transformarse en una importante manifestación.(La izquierda diario)

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