sábado, 16 de enero de 2016


Mientras la Asamblea Nacional guardaba este viernes bajo el tapete el escándalo político que desató el magistrado Harry Díaz, al revelar las intromisiones del Ejecutivo de Ricardo Martinelli en la Corte y las traiciones para la reelección de José Ayú Prado como presidente, la defensa del exmandatario, investigado por el propio juez en el caso de los ‘pinchazos', aprovechó para afilar su artillería.
Rogelio Cruz, abogado principal de Martinelli en el caso, anunció que Díaz se ha inhabilitado voluntariamente al perder su ‘imparcialidad'.
La próxima semana, señaló, pedirán a la Corte Suprema de Justicia que lo separe de las pesquisas, argumentando que Díaz cayó en las causales de impedimento que establece el artículo 50 del Código Procesal Penal: por parentesco, amistad o enemistad. Con su actuación, dicen, lo consideran ‘enemigo manifiesto' de Martinelli.
‘El magistrado Díaz tiene limitaciones mentales, y está atrapado en sus ambiciones frustradas y llenas de odio', insistió Cruz.
Los acusadores de Martinelli, sin embargo, ven el escándalo desde otro punto de vista: temen que, en realidad, Díaz haya acusado a Martinelli justo para perder competencia del caso.
‘Sus declaraciones no rinden ningún beneficio a la causa, por el contrario, podrían afectarla', sostuvo Ángel Álvarez, defensor de cuatro de las personas espiadas durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
La defensa del exmandataario sostiene, empero, que la situación no es más que un desvarío de Díaz. ‘En sus límites mentales no pudo preveer los efectos de sus declaraciones', dicen.
LENTITUD EN LA ASAMBLEA
La velocidad de la defensa de Martinelli contrasta con la lentitud de la Comisión de Credenciales del Legislativo, cuyo presidente, Jorge Iván Arrocha, aseguró que no abriría una investigación hasta tanto no se presente una denuncia formal.
Arrocha consideró que la carta que le presentó el jueves el magistrado Ayú Prado, en la que pide que la comisión interrogue a Díaz, para que sustente sus aseveraciones, no es suficiente.
‘Estas notas realmente no constituyen que tenga yo, como presidente de la Comisión,que levantar una investigación en este momento', insistió.
Su postura desató en seguida el cuestionamiento del Colegio de Abogados, que, en una carta firmada por sus líderes, José Alberto Álvarez y Juan Carlos Araúz, censuró la ‘inactividad' de ese órgano de la Asamblea.
Los letrados han exigido también al Legislativo que tramite en ‘orden cronológico' las denuncias contra magistrados. Sobre Ayú Prado pesan ocho.
Tras percibir la reticencia de la Asamblea, el exmagistrado Edgardo Molino Mola propuso abiertamente ‘que 10 mil ciudadanos firmen la carta de Ayú Prado', para presionar a la Asamblea. ‘O si no, Harry Díaz debería ir voluntariamente a declarar', apuntó .
¿LA GÉNESIS DEL ESCÁNDALO?
Mauro Zúñiga, uno de los acusadores de Martinelli, cree, sin embargo, que lo pasividad, así como la reelección de José Ayú Prado es resultado de un acuerdo entre Varela y Martinelli, para que la causa de los pinchazos no avance.
‘El objetivo de poner a Ayú Prado es garantizar que Martinelli será extraditado y sometido a juicio, pero para no ser declarado culpable. Y después se va', sostiene Zúñiga.
‘Lo peor es que ese delito es el menos grave de los que pesan contra él', agrega, tras concluir que con la petición de extradición por los ‘pinchazos' telefónicos se cierra la posibilidad de que el expresidente pueda ser requerido después por otra causa.
‘Hay crisis, pero es al Órgano Judicial al que le toca ver cómo la resuelve. No me pregunten a mí qué va a pasar allí, o en los culecos, o cuántas reinas tendrá Calle Abajo de Las Tablas', ironizó el presidente Varela, para quien las denuncias de vínculos con Martinelli no son más que una suposición: ‘no tengo tiempo para pensar en el pasado, el presente o el futuro del expresidente'.(Nicanor Alvarado-La estrella de Panamá)

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