viernes, 8 de enero de 2016


CARACAS.—Desde mucho antes de su ins­talación, y a juzgar por los anuncios burgueses preñados de amenazas y odio ciego al pueblo trabajador, nadie dudaba que la polaridad política en la Asamblea Nacional de Vene­zuela se­ría la expresión extrema de una relación irreconciliable.
La expectativa, quizá, se concentraba en el tono o la prontitud con que empezaría a manifestarse la confrontación inevitable, debido al rencor acumulado y el antichavismo declarado de la rancia mayoría de la derecha oligárquica y proimperialista que ahora domina el Par­lamento.
En sus adelantados pregones sobre el programa que traerían, no había una sola iniciativa que no fuera sino el resorte de contención a alguna de las leyes revolucionarias de beneficio social y protección de la economía nacional, implementadas por el Gobierno Boli­va­riano, y esto, a las claras, solo advertía su an­siedad por ocupar las sillas conquistadas en la lid electoral, a fin de practicar las fórmulas de un contrapoder tendente al desmontaje y al regreso a los patrones neoliberales que sometían al país antes de 1999.
Pero la instalación oficial del martes pasado borró toda reserva sobre la posibilidad de un gesto mínimo de sensatez, aunque fuera bajo el amparo de la cortesía elemental que debiera regir la conducta parlamentaria.
El estrechón de manos ofrecido por el ultraderechista Henry Ramos Allup al diputado revolucionario Pedro Carreño, con el cual el designado presidente pretendió pactar la paz de la jornada inaugural, fue muy pronto desmentido en la actitud de desenfreno inconstitucional que caracterizó esa ceremonia y la sesión inicial, acontecida al día siguiente.
Lo primero: la enorme desfachatez de presentarse al hemiciclo con los tres representantes del estado Amazonas, suspendidos temporalmente por sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a irregularidades en el acto de sufragio el pasado 6 de diciembre.
La bravucona intención de juramentarlos no fue aceptada por la comisión encargada de revisar las acreditaciones y proceder al juramento.
En un segundo momento: la abierta violación a los artículos del Reglamento Interior y de Debates que rigen la sesión de instalación. Fuera del presidente
elegido, ningún diputado debería hacer uso de la palabra; pero en sentido contrario, se le concedió al recalcitrante Julio Borges, para que presentara la agenda legislativa elaborada por el bloque opositor.
A esas alturas, era entendible que la directiva consolara de algún modo al dirigente del par­tido Primero Justicia por no haber sido elec­to presidente, a pesar de ganar su fracción el más alto número de curules dentro de la Me­sa de la Unidad Democrática (MUD); pero que lo hiciera justo ahí, aunque fuera para leer un papel puesto en sus manos y darle alguna presencia mediática, sonó a una provocación dirigida a insuflar la tensión y el conflicto.
Como era de esperar, la bancada revolucionaria protestó airada, y ante la intransigencia descarada no siguió el juego y abandonó el local.
Aparte de los actos oficiales y públicos con que la facción opositora reveló sus verdaderas intenciones y el desapego a todo orden legal, ese propio día acontecieron otros hechos irritantes y ofensivos que confirmaron su calaña.
Ramos Allup llegó al capitolio nada más y nada menos que acompañando al encargado de negocios de la Embajada de Estados Uni­dos, un grupo de diputados ofendió y arrolló con violencia la línea policial que protegía el edificio por una de sus entradas, se burlaron del parlamentario anciano que por el privilegio de su edad condujo la instalación, y finalmente, ninguno de los opositores juramentó su cargo con la Constitución en la mano.
Sin embargo, la vergonzosa jornada de apertura, con todos sus desmanes, no superó las graves dimensiones de los actos que este miércoles elevaron la temperatura de la confrontación, hasta llegar al agravio moral y a la violación abierta de la Carta Magna.
Por un lado, el insolente retiro de los cuadros del Comandante Chávez y de Simón Bolívar, asumido personal y despectivamente por Ramos Allup en medio de frases ofensivas —grabadas en un video publicado por Tele­sur—, alentó la indignación ferviente de un pue­blo que rescató las imágenes y al día si­guiente protestó en multitud el escarnio.
Por otro, la juramentación ilegal de los diputados opositores impugnados por el TSJ; un fran­co desacato a la máxima autoridad judicial del país que dice, peligrosamente, has­ta dónde es­tán dispuestos a llegar en su confrontación abierta contra la institucionalidad de la nación.
No podemos decir que es una sorpresa la actitud antipatriótica del cabecilla del partido Acción Democrática (ADECO), ahora erigido en presidente del Parlamento; pero sí llama la atención la ineptitud estratégica de un personaje que, sabiéndose público, comete la barrabasada inmensa de ofender y provocar, con su falta de tacto político, un sentimiento de arraigo popular, histórico, identitario, simbólico y que arrastra mayorías.
El otro episodio es peor aún, pues el abierto desconocimiento de la sentencia del TSJ por parte de la Asamblea, juramentando a diputados anulados, no es sino un acto de fuerza contra un poder de elevada autoridad constitucional; un poder paralelo, no subordinado, que tiene tanto rango como aquel, y al que por naturaleza de sus funciones, se le debe respeto y obediencia, a riesgo de incurrir en violaciones graves.
Lo peor es que la bancada opositora, parece convencida de haber puesto las dos manos sobre el mango del gobierno total de Vene­zuela, y desde el dominio absoluto de la Asam­blea, se cree investida de facultades suficientes para anular la autoridad de los otros cuatro poderes públicos.
Para empezar, apostó en grande al enfrentamiento y en la arrancada seleccionó el más duro de todos: el Poder Judicial, representado en la figura del Tribunal Supremo Electoral. Tal parece que la derecha no quiere perder tiempo en extender sus tentáculos neoliberales a todo el sistema político e institucional del país, llegando lo más pronto posible con su cáncer a la silla presidencial de Miraflores.
Sin ambages, el propio Ramos Allup lo ratificó en su discurso de estreno como cabeza par­lamentaria: en medio año derrocará el Eje­cu­tivo… y aunque esta vez le aumentó tres me­ses al plazo trimestral que su soberbia le hizo anunciar al inicio, sabe que cualquier va­riante tendrá que caminar sobre el sendero em­pedrado de la inconstitucionalidad.
“Si dicen que es ilegal, pues entonces es ilegal”, dijo Ramos Allup en una entrevista, con el tono de quien disfraza de ironía una verdad de la que es consciente. También lo ratificó el primer vicepresidente electo Enrique Már­quez, en­cuestado por la evidente violación de la or­den judicial: “que genere lo que genere”. A to­das luces, el ultraje descarado y abierto a la Car­ta Magna les importa tanto como la desvergüenza pública con que practican su política.
El pueblo, dicen ellos, sufre una crisis económica brutal por culpa de ineficiencias del gobierno bolivariano, que su bancada en el poder resolverá; sin embargo no hay modo de entender cómo es que una Ley de Amnistía y Reconciliación diseñada para liberar asesinos, y situada como primera prioridad de su agenda, ayudará a eliminar las colas, reducir la inflación o surtir los productos que ellos mismos hicieron escasear.
Firmemente al frente del Ejecutivo Na­cional, el Presidente constitucional de la Re­pública, Nicolás Maduro, ha llamado la atención sobre “los desastres” que realiza y continuará realizando la burguesía empoderada de la Asamblea; pero al margen de sus provocaciones y las vallas que pondrán a su gestión, confirmó que seguirá impulsando la consolidación del modelo bolivariano de base social, con pasos nuevos que aceleren el avance hacia una economía popular productiva, que multiplique la inversión nacional, promueva el consumo de bienes generados en el país, aumente los rubros exportables y la haga más soberana, en tanto menos dependiente del rentismo petrolero.
Por lo pronto, ya modificó casi completo su gabinete ministerial y dio la indicación precisa de gobernar con un carácter ofensivo y apegado al pueblo, a los criterios y sugerencias de los Consejos Presidenciales del Poder Popular, según cada sector, todos organizados y legitimados mediante Ley Habilitante aprobada el pasado diciembre.
Atendiendo a las fichas amañadas que la burguesía escogió para apostar en su guerra política, disfrazando sus intenciones de la legalidad que le otorga su dominio parlamentario, la Revolución lo empeña todo en radicalizar su trinchera, en paz, pero afirmando y multiplicando los mecanismos que el pueblo pueda tener para defender por sí mismo las reivindicaciones inéditas que el chavismo pu­so en sus manos.
Por parte de la derecha, hay dos puntos flacos que le limitarán la ofensiva. Primero, el triste currículo que precede la historia nefasta de entreguismo imperial, golpismo, privatización, torturas y desapariciones forzadas, que abultan el expediente de los mismos que hoy encabezan la Asamblea. Segundo, la demostración inequívoca de que una vez empoderados, no saben, por sí solos, qué hacer con tal poder.
Demasiado fácil se delatan, y ponen en evidencia sus intereses voraces de reconquistar para sus bolsillos la riqueza natural de Vene­zuela; no tanto para explotarla con espíritu creador, sino para venderla con precio de gallina flaca a las grandes empresas extranjeras que hoy mismo les financian la campaña contra la Revolución.
No hay dudas de que no es su propósito garantizar la mínima gobernabilidad en la nación, sino crear el pretexto peregrino para todo lo contrario: propiciar un ambiente de caos que acreciente un sentimiento de inculpación al Ejecutivo, y en última instancia, elevar el clima hasta una abierta confrontación civil en las calles.
Con esto, ofrecerían los argumentos mínimos que esperan sus financistas mayores: de­sa­tar sobre la tierra de Bolívar la intervención militar a gran escala que hace muchísimos años el imperio norteamericano prepara, frotándose las manos, más allá de las fronteras.
Hasta para soñar con eso, la oligarquía mi­nimiza y subestima al pueblo, el mismo pueblo fiel que en la plaza sagrada de Bolívar desagravió la injuria al
Padre, y que expresado en la unión cívico-militar, en la noche juró, ante los restos del Comandante Supremo, lealtad eterna “a los valores, los símbolos y la independencia plena de la patria”.(Dilbert Reyes Rodríguez-Granma)

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