jueves, 31 de marzo de 2016


El presidente Salvador Sánchez Cerén anunció la noche del miércoles  que llamará a mil reservistas para que apoyen la seguridad pública.
Esta es una de varias medidas que el gobernante anunció por cadena de radio y televisión de la segunda etapa del plan  de emergencia que el gobierno ha emprendido para enfrentar la escalada criminal que cobra hasta 24 muertos por día.
Sánchez Cerén dijo que las medidas incluyen el corte de las telecomunicaciones en los vecindarios aledaños a los centros penales, por lo cual pidió comprensión a la ciudadanía.
Tambien restringirán el paso de particulares en los alrededores de los presidios, así como las visitas en los mismos. Además sustituirán a los empleados de las prisiones que se vean involucrados en colaboración con las pandillas y grupos criminales.
Anunció que prorrogará por  15 días más las medidas que inició en siete penales y que incluyen el aislamiento de 299 cabecillas de maras.
Además, aseguró que hoy enviará a la Asamblea un proyecto de decreto para aplicar medidas especiales en los centros penales.
Finalmente, llamó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a descongelar $900 millones en bonos que dijo que servirán para el plan de seguridad, así que la Asamblea Legislativa apruebe otros $1200 millones que están pendientes.
Otras medidas
   El Gobierno y la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa acordaron el miércoles impulsar 14 medidas, a las que les han llamado extraordinarias, con las que buscarán reducir en un plazo de un año, los altos índices de criminalidad y violencia. 
Entre las disposiciones que serán aplicadas en el sistema penitenciario destaca la habilitación de celdas bajo el régimen de máxima seguridad, donde serán recluidos los cabecillas de las pandillas y los reos de alta peligrosidad, según fuentes policiales.
Agregaron que éstos reclusos no tendrían acceso a comunicarse con sus familias, ni derecho a las visitas familiares e íntimas, así como, evitar las salidas innecesarias de los recintos, solo cuando se trate de alguna audiencia judicial.
También se pretende obligar a los internos a someterse a los programas de educación y de reinserción que se imparten en el sistema penal.(elsalvaddor.com)

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