martes, 18 de octubre de 2016



La pesadilla para los trabajadores de gobierno de Quintana Roo inició hace poco más de tres años (Octubre 2 del 2013), cuando, con la entrada en vigor del Decreto 306, el gobierno de Roberto Borge Angulo inició el proceso de “reingeniería administrativa” que incluyó el despido de entre el 8 y 10% de los entonces 16 mil burócratas -hoy suman unos 20 mil- que engrosaban las filas de la administración estatal.
Así lo anunció el mandatario en ese entonces, cuando reconoció que el gasto de su gobierno resultaba superior a sus ingresos que, considerablemente mermados por el millonario adeudo que dejó como herencia el ex gobernador priísta Félix González, prácticamente se hicieron polvo con la incipiente, pésima administración de Roberto Borge.
Al final de cuentas, la dolorosa medida adoptada, supuestamente para controlar el gasto, terminó resultando un “Mejoral” ante el despilfarro del mandatario cozumeleño ahora en el ojo del huracán, ya que prácticamente duplicó la deuda pública que había heredado, hasta alcanzar la multimillonaria suma de alrededor de 23 mil millones de pesos.
Terminó la pesadilla quinquenal -menos mal que no llegó al sexenio-, y se esperaban mejorar las cosas con el arribo del gobernador del cambio que ofrecieron PAN y PRD con Carlos Joaquín González, aunque desde un principio anticipamos que gobernaría en la miseria, más aún con el miserable saldo que dejó Roberto Borge en las arcas, pero con múltiples compromisos.
Creíamos que el nuevo secretario de Finanzas habría adoptado las previsiones del caso, pero NO que el Oficial Mayor, el chetumaleño Manuel Israel Alamilla Ceballos, le aguara la fiesta al gobernador con una nueva “reingeniería” que tiene al borde de la desesperación a las familias de cientos de trabajadores cuyo ingreso depende del Gobierno del Estado.
En efecto, a partir de la quincena anterior, y sin decir “agua va”, las diversas dependencias estatales iniciaron una serie de despidos de personal, tales que no pocos analistas han calificado como venganza política contra la administración anterior, lo que, sin embargo, no es del todo verdadero ni del todo falso, pero sumarían alrededor de dos mil.
Lo único cierto es que no sólo han faltado información y orientación entre los ahora ex trabajadores afectados, sino también una buena dosis de sensibilización entre las mismas autoridades que, sabedoras de tener la sartén por el mango, olvidan que las familias de los perjudicados también tienen que comer y que existen leyes en la materia.
Por parte de la mayor parte de los trabajadores -y en la comunidad misma- también existe confusión en torno a los derechos aparentemente vulnerados, ya que, independientemente de que el cambio de “estafeta” sea entre gobiernos priístas o bien entre éstos y la oposición -como en el caso de Carlos Joaquín- algunos cambios o “bajas” resultan “naturales”, tradicionales, acostumbrados, consentidos.
Así, nunca se ha sabido de alguna demanda por cambio o despido del titular de alguna Secretaría, Dirección General o simple Dirección, aunque en algunos casos habría alcanzado a los Jefes de Departamento, como ocurrió en 2013, cuando no se salvó ninguna cabeza entre los alrededor de mil 500 burócratas afectados.
Hasta donde recordamos, el único caso de un alto funcionario que demandó al Gobierno del Estado por despido injustificado ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia -¡y le ganó el caso!-, y fue el de nuestro amigo, el Lic. David Álvarez Cervera, esto durante la administración de otro Borge, Miguel Borge Martín, tío del denostado Roberto Borge.
Ahora bien, a efecto de determinar qué debieran estar peleando los burócratas, es necesario, en primera instancia, conocer cuál es su situación personal, ya que, cuando concluye una relación de trabajo por renuncia voluntaria o despido, hay dos conceptos que vienen a la mente y habrá que diferenciar: Existe finiquito cuando se trata de una separación voluntaria o justificada, pero cuando ésta es injustificada, se trata de una liquidación.
El finiquito se recibe en los casos de renuncia voluntaria, término del contrato temporal, o por despido justificado o no, así como por rescisión de contrato por una falta grave cometida por el patrón, invalidez por enfermedad y muerte del trabajador.
Así las cosas, el finiquito debe incluir los días trabajados y no pagados en el mes, la parte proporcional del aguinaldo y de las vacaciones, así como otras prestaciones como bonos, vales, comisiones, caja o fondo de ahorro y utilidades, entre otras.
La liquidación o indemnización, en cambio, se otorga en los casos en que el patrón rescinde el contrato por reestructuración de área o cierre del negocio; despido injustificado, o renuncia voluntaria provocada por alguna falta grave cometida por el patrón.
Esta indemnización o liquidación deberá incluir tres meses de salario, prima de antigüedad y salarios vencidos, así como 20 días de salario por año trabajado, esto último en caso de haber sido despedido injustificadamente, haber acudido a la Junta de Conciliación para la reinstalación y recibir la negativa del patrón.
Todo trabajador goza invariablemente de tres prestaciones por ley (excepto los que trabajan por honorarios o asimilados a salarios): Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, además de las de seguridad social, y el finiquito consiste básicamente en pagar estas prestaciones.
Ahora bien ¿Cuándo corresponde el pago por liquidación? Cuando se rescinde el contrato por motivos que no tienen que ver con el desempeño (por reestructuración, cierre de empresa o desaparición del cargo), por despido injustificado, o bien por renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón.
Por otro lado, aunque para Alamilla Ceballos “la ley es clara, los servidores públicos de confianza, son eso, personal de confianza y en el momento que se les pida la renuncia tienen que presentarla y no se les paga más que los días laborados”, parece no estar bien documentado sobre el tema.
Conforme a la tesis I.6o.T.352 L de la Suprema Corte de Justicia de la nación, si la Junta de Conciliación y Arbitraje concluye que el patrón no demostró la causa de la rescisión laboral y que no procedía condenar a la reinstalación por haberse rehusado aquél por tratarse de un trabajador de confianza “debe condenarse al patrón, no sólo al pago de las prestaciones relativas al despido injustificado, sino también al de veinte días de salario por cada año de servicios prestados”.
Así las cosas, creemos que el principal reclamo al Gobierno del Estado es guardar silencio -hasta parecen emular al gobierno de Roberto Borge-, lo que no significa más que una falta de sensibilidad ante un reclamo social que, quiérase o no, a quien más impacta es a Carlos Joaquín, a quien le restriegan en el rostro sus ofrecimientos de cambio.
Es de esperarse que el mandatario evite malgastar el alto capital político que obtuvo desde su campaña, particularmente en la Zona Sur, donde sus altos índices de popularidad podrían estar mermando a causa de este problema que amenaza con arrastrar durante todo un sexenio. Está a tiempo de evitarlo.
¿Cómo? Nunca es tarde para una reunión de gabinete, con miras a poner a cada colaborador en su lugar, y los pies sobre la tierra, ya que el excesivo humo de incienso -ojo, mucho ojo- marea y ahoga a cualquiera… mucho más a los políticos. (Luis A. CABAÑAS BASULTO, periodista y escritor)


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